Sentencia N° 260 Casación Civil TSJ 2001: Honorio de Jesús Rivero Cuicas vs Constructora Pedro Montero Alvarado C.A.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G., se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por el ciudadano Honorio de Jesús Rivero Cuicas contra la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del estado Lara, que había declarado sin lugar la demanda por daños eventuales. La Sala agrupó las denuncias planteadas, relacionadas con la supuesta infracción de artículos del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, en relación a la experticia presentada en el juicio. La Sala determinó que la prueba cuestionada no fue regularmente promovida y que las denuncias estaban incorrectamente planteadas. Se concluyó que el Juez de alzada no erróneamente interpretó el artículo 1.422 del Código Civil, sino que desestimó la experticia por considerarla inadecuada para probar la pretensión deducida. Por lo tanto, se desestimaron las denuncias de infracción y se declaró sin lugar el recurso de casación, condenando al recurrente al pago de las costas del recurso.

La Sala observa: En primer lugar, la Sala encuentra que la prueba que motivó el pronunciamiento cuestionado por el formalizante no fue regularmente promovida, y por tanto, no podía surtir los efectos probatorios perseguidos con su presentación en juicio, pues la parte actora consignó sus resultas en el expediente y promovió a los expertos que la realizaron, “a objeto de ser repreguntados por la misma parte que los presentó”, según asentó la propia recurrida, por lo que cualquier error de derecho cometido por el Juez de alzada en el examen de esta prueba, sería intrascendente en la suerte de la controversia. Además, las denuncias están incorrectamente planteadas. El argumento del formalizante relativo a la supuesta interpretación errónea del artículo 1.422 del Código Civil, por parte del Juez Superior, al establecer que los ciudadanos que practicaron la experticia debieron ser llamados a declarar en el juicio a través de la vía testimonial, podría configurar, a lo sumo, la falsa aplicación del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y no la errónea interpretación del artículo 1.422 del Código Civil, como fue denunciado por el recurrente, pues no habiendo sido aplicada esta regla, mal podía el Juez de alzada interpretarla erróneamente. En todo caso, consta de la recurrida que el Juez Superior desestimó la experticia promovida por la parte actora, no por la falta de promoción como testigos de los expertos, sino por considerar que ella no era adecuada para probar la pretensión deducida. Así se desprende del párrafo de la sentencia impugnada, transcrito a continuación: “...Igual sucede con la experticia realizada por los ingenieros agrónomos José Reyes Torres y Luis Ladino, cuyas resultas cursan a los folios 29 y 30; la cual no obstante que éstos ciudadanos comparecieron al Tribunal a objeto de ser repreguntados por la misma parte que los presentó, no fueron promovidos por la vía testimonial, tal como lo prevé el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, en dicha experticia se hace énfasis en determinar la posible ganancia que hubiese obtenido el demandante si hubiese sembrado cinco (5) hectáreas de cebollas en un terreno de su propiedad. Cuestión que es perfectamente posible que la determine en base a posibilidades los técnicos, pero no sirve dicha experticia para probar los daños efectivos que se alegan y así se decide...”.

En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación formalizado por la parte actora, contra la sentencia definitiva dictada el 13 de diciembre de 1999, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena al recurrente al pago de las costas del recurso. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la ya mencionada Circunscripción Judicial, con sede en Barquisimeto y particípese al Juzgado Superior de origen.