Sentencia N° 252 Casación Civil TSJ 2000: Carlos Eduardo Mariño Thompson vs Intercon Financial Bank NV — Intimación de honorarios

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por los apoderados de la sociedad mercantil INTERCON FINANCIAL BANK NV, revocó la decisión del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario que había condenado a la empresa a pagar honorarios al abogado intimante. La Sala consideró que la decisión recurrida adolecía de inmotivación, ya que no se justificó adecuadamente la interpretación del contrato entre el abogado y la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se declaró la nulidad del fallo recurrido y se ordenó la reposición de la causa al estado de dictar nueva sentencia.

La Sala invierte el orden seguido por el formalizante, para analizar la segunda denuncia del recurso por defecto de actividad, en la que alega la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, porque en criterio de la recurrida un contrato celebrado entre el abogado intimante y la Procuraduría General de la República, no puede serle opuesto al íntimamente, invocando únicamente el contenido de los artículos 1.159 y 1.166 del Código Civil, según los cuales, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes; no tienen efecto sino entre ellas y no dañan ni aprovechan a terceros, sino en los casos excepcionales establecidos por la ley. Según el formalizante, en el presente caso la decisión recurrida adolece del vicio de inmotivación, pues la alzada estaba en la obligación de “motivar la manera como interpreta el contrato”, ya que la calificación de los mismos es de la soberanía de la instancia y sólo puede atacarse por medio de una denuncia de suposición falsa. Pero, la interpretación que hagan los jueces debe estar respaldada con la debida motivación. En el caso sub-litis, no hay motivación apropiada, pues la recurrida se limita únicamente a mencionar los artículos en los cuales descansa el principio de la relatividad de los contratos. Para resolver, la Sala observa: En todas las legislaciones, con diferentes palabras, pero siempre con un mismo sentido, se exige que las sentencias expresen los motivos de hecho y de derecho que funden la decisión. Según la doctrina (Vide: Sergi Guasch Fernández. El Hecho y el Derecho en la Casación Civil. J.B. Bosch Editor. Barcelona España. 1998, págs. 438 y ss.), la legalidad del dispositivo de una sentencia sólo se puede verificar a través de la exposición de los motivos en que ella se fundamenta, no sólo para conocimiento de las partes a quienes va dirigida, sino también como condición y presupuesto para el debido control del pronunciamiento por medio de los recursos de apelación y de casación que la ley otorga a los interesados.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación intentado contra la sentencia definitiva de fecha 27 de septiembre de 1999 dictada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en Caracas. Se declara NULO dicho fallo y se REPONE la causa al estado de que el Juzgado Superior que resulte competente, proceda a dictar nueva sentencia, corrigiendo el vicio anotado.