Sentencia N° 25 Casación Civil TSJ 2000: FRANCISCO JOSE UNDA CUELLO y GREGORIA RAMONA… vs Municipio Iribarren DEL Estado Lara

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto negativo de competencia surgido entre dos juzgados en un juicio por nulidad de contratos de compraventa de un terreno ejidal. El Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y de Menores se declaró incompetente y remitió el caso al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo, que también se declaró incompetente. La Sala determinó que la competencia para conocer del caso corresponde a la Sala Político-Administrativa, dado que se trata de un contrato administrativo relacionado con un organismo público.

El caso bajo análisis trata de una demanda por nulidad de contratos de compraventa de un ejido, la cual se fundamenta en la vigencia del contrato de enfitéusis celebrado sobre un terreno ejidal entre el Municipio Iribarren del Estado Lara y el causante de los demandantes, ciudadano Clodomiro Unda. De acuerdo con lo expresado en el libelo, el contrato fue declarado resuelto mediante sentencia emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y contra ella se intentó un juicio de invalidación, que finalizó con sentencia de 17 de febrero de 1994, que declaró la nulidad de la referida decisión resolutoria, lo que determinó la restitución de los derechos de los causahabientes del enfiteuta sobre el referido ejido, los cuales, no obstante, fueron posteriormente vendidos por el Municipio a los co-demandados Antonio Ranelli y Antonio Ranelli Ventresca, según alegaron los demandantes. El tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en auto de 4 de febrero de 2000, ratificó su decisión de abstenerse de acordar la medida de prohibición de enajenar y gravar, 'por cuanto no se encuentran llenos los extremos de ley para ello, de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil'. Apelada esta decisión, se remitió el expediente al tribunal declinante, Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Ahora bien, en sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 18 de mayo de 1995, (juicio Berkis Josefina Medrano Díaz, expediente N° 10.643), se estableció el siguiente criterio: 'La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en su artículo 42, numeral 14, señala: 'Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: ... 14. Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades'. Por otra parte, el artículo 43 de la citada Ley, señala a esta Sala Político-Administrativa la competencia específica para conocer de los asuntos contemplados en el numeral transcrito. Con base en los artículos anteriormente señalados, a los fines de determinar la jurisdicción competente para conocer del presente caso, es preciso definir si el contrato por el cual se adjudica un terreno ejidal es de naturaleza administrativa, sometido por tanto a la jurisdicción contencioso-administrativa; o sí, por el contrario, se trata de un contrato privado de la administración, caso en el cual estaría sometido a la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Resulta indispensable por tanto, conocer la naturaleza jurídica de la negociación celebrada por la administración municipal objeto del litigio, a los fines de la determinación de la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por las razones antes expresadas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ordena remitir las actuaciones a la SALA POLITICO-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, para que se pronuncie sobre su competencia para conocer de la demanda de nulidad del contrato de compraventa de un terreno ejidal celebrado entre el MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA y el ciudadano LUIS ANTONIO MARQUEZ. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. Particípese esta remisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en Barquisimeto.