Sentencia N° 245 Casación Civil TSJ 2000: Gladys Andueza vs Raul Antonio Piña — Partición de bienes

La Sala de Casación Civil, bajo la ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, decide sobre un recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra una sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara. La apelación fue declarada sin lugar, confirmando la decisión de subastar los bienes de la comunidad para su distribución entre las partes. La Sala considera que no hubo indefensión y que el juez actuó conforme a derecho al decidir sobre los reparos presentados por la parte actora.

La Sala para decidir, observa: En el presente caso, el partidor designado, en el informe correspondiente, adjudicó los bienes que integran la comunidad, tres en total, entre las partes, pero, como quiera que no tenían igual valor, estableció que la parte que recibía uno de los bienes, el que tenía mayor valor, debía pagar al adversario una determinada cantidad de dinero en compensación. Dicho informe fue objetado por la parte actora, por lo que el a quo convocó a las partes a una reunión y, posteriormente, solicitó una ampliación al partidor, resolviendo finalmente que ante los reparos efectuados, debía procederse a la subasta de todos los bienes que integran la comunidad, a los fines de la distribución entre las partes del precio que se obtenga por los mismos. Señala el artículo 787 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: 'Si los reparos son graves emplazará a los interesados y al partidor para una reunión y si en ella se llega a un acuerdo, el Juez aprobará la partición con las rectificaciones convenidas. Si no se llega a acuerdo, el Juez decidirá sobre los reparos presentados dentro de los diez días siguientes. De la decisión se oirá apelación en ambos efectos'. Ahora bien, independientemente de que la norma antes citada no prevé la posibilidad de que el juez pueda requerir al partidor aclaratorias al informe que hubiere presentado originalmente, lo que no necesariamente supone la prohibición al respecto, en todo caso no fue con base a la aclaratoria que el a quo tomó la determinación de subastar todos los bienes que integran la comunidad, lo que fue ratificado por la recurrida, sino con base en los reparos que se habían formulado.

Por las razones antes, expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado en fecha 16 de septiembre de 1999 contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 9 de agosto de 1999, por la parte demandada, ciudadano RAUL ANTONIO PIÑA, sustituido en juicio por sus herederos BLANCA LUCÍA SUÁREZ, ARMANDO JOSÉ PIÑA SUÁREZ y CLARA DIGNA PIÑA SUÁREZ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 274 del mismo Código, se condena a los recurrentes al pago de las costas procesales.