Sentencia N° 231 Casación Civil TSJ 2000: Hercilia Linárez vs RAMONA LINÁREZ, MARÍA CAROLINA CÁSARES WONG y…

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G., dictó sentencia en el recurso de casación interpuesto por la ciudadana Hercilia Linárez, quien impugnó la decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores del Estado Lara, que había declarado sin lugar su demanda. La Sala consideró que se había vulnerado el derecho a la defensa de la recurrente debido a la falta de notificación sobre la redistribución del expediente, lo que impidió su participación en la segunda instancia.

La omisión de la notificación de las partes, dejó al recurrente en total desventaja frente su contraparte, pues éste no pudo participar en la segunda instancia, lo cual le impidió promover y evacuar las pruebas contempladas en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, presentar su escrito de informes y las observaciones al escrito presentado por la parte demandada, quien si efectuó los señalados actos procesales. De acuerdo con la doctrina de esta Sala, el vicio de indefensión se configura cuando el juez niega alguno de los medios legales con que pueden hacerse valer los derechos propios de los litigantes, razón por la cual es indispensable que la parte no haya podido ejercer algún medio o recurso procesal, como resultado de una determinación o conducta del Juez que lo haya negado o lo limitado indebidamente. Conforme a la pacífica jurisprudencia de esta Sala, la nulidad y consecuente reposición de la causa pueden ser válidamente decretadas en el juicio, cuando concurran los siguientes extremos: “a) Que efectivamente se haya producido el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa; b) Que la nulidad esté prevista en la ley, o que se haya dejado de cumplir en el acto alguna formalidad esencial a su validez; c) Que el acto no haya logrado el fin al cual estaba destinado; y, d) Que la parte contra quien obre la falta no haya dado causa a ella, o que sin haber dado causa a ella, no la haya consentido expresa o tácitamente, a menos que se trate de normas de orden público.” (Sent. 1/12/93, Leonardo Dota Palese y otros). De acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, esta Sala considera que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, al verificar que efectivamente había omitido la forma sustancial establecida en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, referida a la notificación a las partes en dicho proceso, debió anular los actos procesales producidos en la instancia y reponer la causa al estado de que se les notificara, en virtud de lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, mandato legal que tiene su fundamento en la necesidad de garantizar la estabilidad de los procesos y en virtud del principio de economía procesal, con lo cual menoscabó el derecho de defensa del recurrente, porque limitó el uso de los recursos procesales a los que tenía derecho por ley.

En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado contra la sentencia definitiva de fecha 22 de febrero de 2000, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En consecuencia, se ANULAN las actuaciones procesales posteriores a la recepción del expediente y SE REPONE la causa al estado de que el Juez Superior que resulte competente notifique a las partes para la continuación del juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.