Sentencia N° 160 Casación Civil TSJ 2000: Florentino Guerrero Ramirez vs Rafael Ines Ortiz Rodriguez, Jose Altagracia…

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto que negó la admisión del recurso de casación. Se argumenta que el interés principal del juicio no supera la cuantía exigida para la admisibilidad del recurso extraordinario, conforme al artículo 312 del Código de Procedimiento Civil. Además, se apercibe al abogado que intentó el recurso por incurrir en conducta censurable al no observar la cuantía necesaria.

Por tanto, en aplicación de lo establecido en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, es criterio de la Sala que el recurso de casación es inadmisible. Por este motivo, el recurso de hecho debe ser declarado sin lugar y así se decide. Esta Sala no puede pasar por alto la censurable conducta del abogado Jesús Rafael González Rojas, al intentar un recurso de casación en un juicio cuyo interés principal no supera la cuantía exigida para la admisibilidad de dicho recurso extraordinario. El proceso, por su naturaleza y fines, requiere que las partes, apoderados y abogados asistentes observen un adecuado comportamiento, pues es deber insoslayable de los intervinientes en el mismo, colaborar con la recta administración de justicia, en conformidad con el artículo 8 del Código de Etica Profesional del Abogado.

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de 6 de julio de 2000, dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, que negó el recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada por ese tribunal en fecha 19 de junio de 2000. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la recurrente al pago de las costas del recurso.