Sentencia N° 15 Casación Civil TSJ 2001: Orlando José Zambrano vs La Cámara Municipal del Municipio Simón…

La Sala de Casación Civil se pronuncia sobre un conflicto negativo de competencia en un juicio por indemnización de daños y perjuicios. El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Anzoátegui declinó su competencia a favor del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo, argumentando que la demanda debía ser conocida por el tribunal contencioso administrativo. Sin embargo, la Sala concluye que la naturaleza de la acción es civil, por lo que el tribunal competente es el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Anzoátegui.

La Sala observa en el caso sub iudice, que la naturaleza de la acción por daño moral y material es eminentemente civil, aún cuando sea intentada contra una Municipalidad. Al respecto, el artículo 183 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, expresa: “...Artículo 183. Los tribunales competentes de acuerdo con las previsiones del derecho común o especial, conocerán en primera instancia, en sus respectivas Circunscripciones Judiciales: 1.- De cualquier recurso o acción que se proponga contra los Estados o Municipios;...”. En este sentido, se ha pronunciado la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 13 de julio del 2000, (caso: Iva Ranieri De Spinosi contra Alcaldía del Municipio Los Salias del Estado Miranda), en la cual se expresó: “...De acuerdo con el petitum del libelo de la demanda, la pretensión que en éste se deduce tiene por objeto el cese de la perturbación por parte de la Alcaldía del Municipio Los Salías, sobre la posesión de un inmueble propiedad de la demandante, situado en la carretera San Antonio-San Diego, del Municipio Los Salías del Estado Miranda. Es decir, el asunto sometido a consideración, no se refiere a la legalidad o nulidad de un acto administrativo, sino a una querella interdictal de amparo intentada con la finalidad de que el ente accionado cese en la perturbación de la posesión del inmueble de la querellante. El artículo 697 del Código de Procedimiento Civil establece: “El conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente a la jurisdicción civil ordinaria, salvo lo dispuesto en leyes especiales”. No cabe dudas que en el caso de autos, la controversia surgida entre las partes es de naturaleza civil, y de conformidad con el artículo 183 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia ordinal 1º, conforme al cual “Los Tribunales competentes de acuerdo con las previsiones del derecho común o especial, conocerán en primera instancia, en sus respectivas Circunscripciones Judiciales: 1º De cualquier recurso o acción que se proponga contra los estados o municipios...”; aun cuando la parte demandada es una municipalidad, la competencia para el conocimiento del asunto, debe recaer en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Así se declara...” (Subrayado de la Sala).

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara competente al JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, con sede en Lecherías, para pronunciarse sobre el mérito del presente asunto. Publíquese, regístrese y remítase el expediente directamente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Lecherías y particípese de esta remisión Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso- Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, con sede en Barcelona, en conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil.