Sentencia N° 130 Casación Civil TSJ 2000: Francisco Coromoto Lozano Romero vs La VOZ de la Victoria, C.A

En el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento e indemnización de daños y perjuicios, el Juzgado Superior en lo Civil dictó sentencia ordenando el cumplimiento del contrato y condenando a la parte demandada al pago de indemnización. La demandada anunció recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible por no cumplir con el requisito de la cuantía. La Sala recibió el expediente y dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de hecho propuesto contra la negativa de admisión del recurso de casación.

A partir del 22 de abril de 1996 comenzó a regir la cuantía establecida por el Decreto N º 1.029 de 22 de enero de 1996, emanado de la Presidencia de la República, superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo) para las decisiones definitivas proferidas en juicios civiles y mercantiles, y las dictadas por los tribunales superiores que conozcan en apelación de laudos arbitrales; y de más de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,oo) para las sentencias recaídas en juicios laborales. El caso bajo análisis está referido a un juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento e indemnización de daños y perjuicios que no cumple el requisito de la cuantía, pues consta del libelo de la demanda que las pretensiones fueron estimadas en la suma de un millón seiscientos veinticinco mil bolívares (Bs. 1.625.000,oo), monto que no supera la cantidad exigida para la admisibilidad del recurso de casación que, como se ha dicho, debe ser superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo), conforme al artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Decreto N° 1029 de fecha 22 de abril de 1996.

Declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de 27 de marzo de 2000, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, que negó el recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada por ese tribunal en fecha 8 de diciembre de 1999. Se condena al recurrente al pago de las costas del recurso.