Sentencia N° 998 Constitucional TSJ 2001: Edgar José Padilla González vs Rafael Alberto Jiménez Márquez — La inadmisibilidad de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisibles las acciones de amparo constitucional interpuestas por el abogado Edgar José Padilla González, en representación de Rafael Alberto Jiménez Márquez, contra decisiones de los Juzgados Undécimo y Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. La inadmisibilidad se fundamenta en que las violaciones alegadas cesaron debido a un convenimiento homologado por el Juzgado Undécimo, extinguiendo así el objeto de la acción de amparo. La decisión se basa en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Revisadas como han sido las actas procesales contenidas en el presente expediente, esta Sala pasa a decidir, y a tal efecto observa: Que el hecho presuntamente generador de la lesión constitucional lo constituyó el auto dictado el 6 de mayo de 1999, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante el cual se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero de Familia y Menores de la misma Circunscripción Judicial, que implicó la entrega material del bien inmueble constituido por una casa-quinta, ubicada en Chichiriviche, Estado Falcón, objeto de la acción reivindicatoria incoada por la ciudadana Esperanza Ovalles en contra del ciudadano Rafael Alberto Jiménez Márquez, así como la decisión del 24 de septiembre de 1999 del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas que declaró que no había materia sobre la cual decidir en una incidencia surgida con ocasión a la recusación del Juez del mencionado Juzgado Undécimo. Ahora bien, se desprende de las actas del expediente, que el accionante en amparo constitucional realizó un convenimiento mediante escrito presentado ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la referida Circunscripción Judicial, relacionado con el bien objeto de la acción reivindicatoria que dio origen al auto impugnado, el cual fue homologado por el Juzgado accionado en amparo, con el que “...se da por consumado el acto, procediéndose como en Sentencia pasada en autoridad de Cosa Juzgada...”. Que igualmente cursa en autos escrito presentado por el representante judicial del accionante ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual manifestó que cesaron la presuntas violaciones alegadas en la acción de amparo constitucional. Precisados los hechos en los términos señalados, se observa que el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone: “No se admitirá la acción de amparo:...(omissis) 1) Cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales que hubiesen podido causarla”. Con base en la norma citada, ambas acciones de amparo resultan inadmisibles de manera sobrevenida, en virtud del convenimiento realizado por el apoderado judicial del accionante ciudadano Rafael Alberto Jiménez Márquez, quién es la parte actora en el juicio seguido contra la ciudadana Nora González, y homologado por el Juzgado accionado, motivo por el cual, el objeto de la acción de amparo fue extinguido. Así se declara.

Por las razones precedentes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara INADMISIBLES, las acciones de amparo constitucional incoadas por el abogado Edgar José Padilla Gonzáles, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RAFAEL ALBERTO JIMÉNEZ MARQUEZ, contra la decisión dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas el 6 de mayo de 1999 y contra la decisión del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial del 24 de septiembre de 1999. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.