Sentencia N° 995 Constitucional TSJ 2001: Cruz Eduardo Rodríguez Rosales vs Tribunal Tercero de Reenvío en lo Penal

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por Cruz Eduardo Rodríguez Rosales, quien alegó violaciones a sus derechos al debido proceso y a la defensa en un juicio por homicidio calificado. La acción fue presentada contra los actos del Tribunal Tercero de Reenvío en lo Penal, que había dictado una sentencia condenatoria en su contra. La Sala consideró que la falta de notificación personal del fallo de la Sala de Casación Penal y la designación de un defensor público sin informar adecuadamente al imputado constituyeron violaciones a sus derechos constitucionales.

La Sala estima que el ciudadano Cruz Eduardo Rodríguez Rosales, propuso la presente acción de amparo constitucional contra una serie de actuaciones presuntamente cometidas por el Tribunal Tercero de Reenvío en lo Penal con Jurisdicción Nacional de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Alegó el solicitante que el referido Tribunal omitió notificarlo de la sentencia dictada el 8 de junio de 1999 por la Sala de Casación Penal, que declaró con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación del Ministerio Público contra el fallo del 30 de enero de 1997, dictado por el extinto Juzgado Superior Tercero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por medio del cual absolvió a los ciudadanos Cruz Eduardo Rodríguez Rosales - hoy accionante- y Junior Ramón Molina Hernández, por los cargos fiscales formulados en su contra por el delito de Homicidio Calificado, en perjuicio de la ciudadana Ligia Meléndez de Mendoza. De la misma manera, adujo que el nombramiento de Defensor Público para que ejerciera su defensa transgredió sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, y que ese Defensor Público no cumplió correctamente sus funciones.

ORDENA al Juzgado de Ejecución del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, que remita a esta Sala Constitucional, dentro de las veinte y cuatro (24) horas, más el término de la distancia que para el caso es de cuatro (4) días, siguientes a la notificación de la presente decisión, copia certificada de los folios del expediente Nº KP01-P-2000-002228, que contienen las actuaciones posteriores al fallo de la Sala de Casación Penal de este Supremo Tribunal, del 8 de junio de 1999, en el juicio seguido a los ciudadanos Cruz Eduardo Rodríguez Rosales y Junior Ramón Molina Hernández, por la comisión del delito de Homicidio Calificado, en perjuicio de la ciudadana Ligia Meléndez de Mendoza.