Sentencia N° 992 Constitucional TSJ 2000: Darwin J. Rivera Velásquez vs Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia del 10 de agosto de 2000, declara con lugar la apelación interpuesta por el abogado Darwin J. Rivera Velásquez, actuando como apoderado de varios ciudadanos, contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La apelación se fundamenta en la presunta dilación indebida en la respuesta a una acción de amparo constitucional presentada por los accionantes debido a la tardanza en la decisión sobre un cobro de prestaciones sociales. La Sala resalta que, a pesar de que la acción de amparo fue declarada inadmisible por cesación de la presunta lesión, el juzgado de primera instancia no remitió copia de su decisión a las autoridades competentes, lo cual es requerido por el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La Sala ordena remitir copia del expediente a la Inspectoría General de Tribunales y a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial para que evalúen la denuncia planteada. Finalmente, se ordena la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, cumpliendo así con lo establecido en la ley.

1.- De las referencias al caso anteriormente esbozadas, se colige que la apelación interpuesta contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, de fecha 31 de mayo de 1999, denuncia una omisión de pronunciamiento, presuntamente cometida por este tribunal al no responder acerca del tercer pedimento introducido por los accionantes en su escrito de amparo. Dicho pedimento exigía que el juez encargado de decidir la cuestión, tomara a su vez, conforme, según ellos, con el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, las medidas disciplinarias correspondientes. Repite su pedimento en el recurso ordinario en conocimiento por esta Sala. 2.- La interrogante que forma el vértice de este caso, puede concretarse de la siguiente manera: La declaración de inadmisibilidad de la acción de amparo, dictada con fundamento en la cesación del hecho u omisión que presuntamente la causaba, ¿libra al juzgador de remitir copia de su decisión a las autoridades competentes, merced a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales?. Y desde otro perspectiva, ¿puede interpretarse esta norma en un sentido tal que otorgue a los jueces la posibilidad de escudarse en la cesación del hecho por haberse dictado el acto deseado, cesación que podría ser más bien una simple reacción a la solicitud de amparo? 3.- Por tanto, cuando con ocasión de la verificación de las condiciones de admisibilidad de una acción de amparo, tal medio de justicia no proceda en razón de haber cesado la presunta violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucional, en los términos del numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el juzgado superior deberá, según lo dispuesto en el artículo 27 mencionado, y sin que le sea vinculante la decisión que respecto a la denuncia de inconstitucionalidad le toque pronunciar, enviar copia de lo conducente a la autoridad competente, léase: Inspectoría General de Tribunales y Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, o Dirección Ejecutiva de la Magistratura, una vez que esta última entre en funcionamiento.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA APELACIÓN formulada por el abogado Darwin J. Rivera Velásquez, actuando como apoderado de los ciudadanos JOSÉ LUIS BOGIER, HENEY HERNÁNDEZ, CARLOS PEÑA BLANCO, ALEX CONTRERAS CADIZ, WUILVI CABRERA, DAISI DEL VALLE FARÍA, CHELA ELIANA BAUTISTA CASTILLO Y AKIRE MONCADA, contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, de fecha 31 de mayo de 1999. En consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala remita copia del presente expediente a la Inspectoría General de Tribunales, así como copia de la presente decisión a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Cúmplase lo ordenado.