Sentencia N° 991 Constitucional TSJ 2000: Edgar Galeno Sardi Schoonewolf — La incompetencia en acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de cumplimiento de una sentencia anterior que declaró con lugar un amparo interpuesto por Edgar Galeno Sardi Schoonewolf. La Sala Político Administrativa había revocado una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y ordenado el cumplimiento de dicha sentencia. Sin embargo, el accionante alegó que la decisión no se había cumplido plenamente, lo que llevó a la Sala Constitucional a analizar su competencia para conocer del asunto.

La Sala observa que en el presente caso la pretensión del actor no es otra que el cumplimiento de la decisión dictada por la Sala Político Administrativa de fecha 23-5-98 que declaró con lugar el amparo interpuesto, por cuanto la misma -a su decir- “no se ha cumplido con todo su alcance”. En este sentido, ha sido criterio de este alto Tribunal y el cual se reitera en el presente fallo, que la calificación que del delito de desacato se haga, compete sólo al tribunal penal. Al respecto, la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en decisión de fecha 11 de noviembre de 1995 (Caso: Rafael Aníbal Rivas Ostos), estableció lo siguiente: “Esta Sala considera que a la Corte Primera le estaba prohibido calificar el delito, tal como lo hizo: “configurado el DESACATO” puesto que, esta calificación le compete al tribunal penal en el contexto del debido proceso con la garantía del derecho a la defensa (artículo 68 de la Constitución).

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara: 1º INCOMPETENTE para conocer de la presente solicitud. 2ª ORDENA remitir el presente expediente contentivo de la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano Edgar Galeno Schoonewolf en contra del Oficio de fecha 11 de diciembre de 1996 dictado por el Director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes al Fiscal Superior del Estado Mérida, a los fines legales consiguientes.