Sentencia N° 99 Constitucional TSJ 2000: Inversiones 1994 C.A. — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente relacionado con una acción de amparo constitucional presentada por la empresa INVERSIONES 1994 C.A. contra una decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. La acción fue admitida y posteriormente, el Juzgado Superior Tercero declaró con lugar la acción de amparo, argumentando que se había violado el derecho a la defensa y al debido proceso del accionante, quien no fue notificado de la medida cautelar que afectaba su propiedad. La Sala Constitucional, al examinar la situación, concluyó que la decisión impugnada lesionó derechos constitucionales, confirmando así la sentencia del Juzgado Superior Tercero. Se destacó que la prohibición de enajenar y gravar el inmueble de la empresa demandante fue impuesta sin que se le diera la oportunidad de defenderse, lo que constituyó una violación a sus derechos. Finalmente, la Sala confirmó la decisión del Juzgado Superior Tercero, reafirmando la importancia del derecho a la defensa y el respeto a la propiedad privada en el marco de los procedimientos judiciales.

Corresponde a esta Sala pronunciarse en consulta sobre la acción de amparo constitucional incoada por los apoderados judiciales de la empresa INVERSIONES 1994 C.A., contra la decisión dictada el día 16 de noviembre de 1995 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Con relación a la competencia para conocer de las apelaciones y consultas de ley previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala Constitucional estableció en su sentencia de fecha 20 de enero de 1999 (caso Emery Mata) que: (...) corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia. Observa esta Sala que la sentencia consultada fue dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando como tribunal competente, de conformidad con el artículo 4° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al conocer de una acción de amparo incoada contra una decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de esa Circunscripción Judicial. De esta forma, reiterando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito, esta Sala es competente para conocer de la consulta objeto de estos autos, y así se declara. Establecida de esta forma la competencia para conocer de la presente consulta en amparo, pasa la Sala a pronunciarse sobre la sentencia objeto de estos autos: Por lo que atañe al derecho a la defensa, éste es un contenido esencial del debido proceso, y está conformado por la potestad de las personas de salvaguardar efectivamente sus derechos o intereses legítimos en el marco de procedimientos administrativos o de procesos judiciales mediante, por ejemplo, el ejercicio de acciones, la oposición de excepciones, la presentación de medios probatorios favorables y la certeza de una actividad decisoria imparcial. En el presente caso, del análisis de los autos emerge que por medio del fallo impugnado se dictó prohibición de enajenar y gravar sobre la indicada parcela de terreno Nº 263, inmueble propiedad de la empresa INVERSIONES 1994 C.A., como medida cautelar en un juicio penal con el cual la accionante no guardaba relación alguna, y sin que se le hubiere dado la posibilidad de oponerse a dicha medida, lo cual conformó, en criterio de esta Sala, una violación del derecho a la defensa.

CONFIRMA en todas sus partes la sentencia dictada en fecha 07 de enero de 1999 por el Juzgado Superior Tercero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.