Sentencia N° 988 Constitucional TSJ 2001: Audrey DEL Carmen Dorta Sánchez — Acción de amparo constitucional

La abogada Audrey del Carmen Dorta Sánchez interpuso una acción de amparo ante la Sala Constitucional del TSJ contra una decisión del Juzgado de Control No. 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, alegando violaciones al debido proceso y derechos humanos. La Sala, tras analizar la competencia, determinó que no era competente para conocer la acción de amparo, ya que el caso había sido radicado ante la Sala de Casación Penal, y se declaró incompetente, ordenando remitir el expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.

La defensora accionante manifestó en su escrito contentivo de la acción de amparo que esta Sala era competente para conocer la presente acción, en primer lugar porque al haber solicitado la radicación de la causa, todos los juzgados del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida eran incompetentes para conocer de cualquier actuación relacionada con esa causa; y en segundo lugar, porque al encontrarse paralizado el proceso como consecuencia de la radicación solicitada, no se podría resolver de manera inmediata las presuntas violaciones constitucionales como lo prevé la normativa vigente, por lo que, esta Sala como garante de la constitucionalidad debe conocer y decidir la acción. Ahora bien, esta Sala dejó establecido en la sentencia dictada el 24 de marzo de 2000 (Caso: José Gustavo Di Mase y otro), la aplicabilidad en el sistema jurídico venezolano de la notoriedad judicial, la cual consiste en que aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones, hechos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los adquiere como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus funciones, pueden ser traídos al expediente por el juez sin necesidad de traer a los autos copias (aún simples) de ellos, bastando en el caso de las sentencias, citar sus datos. Con base en esa notoriedad jurídica, este Juzgador hace constar –por tratarse de un documento público- que la radicación solicitada por la accionante a la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, fue declarada improcedente, el 25 de julio de 2000, mediante sentencia No. 1029. En consecuencia, al no ser incompetentes para conocer de la presente acción de amparo los tribunales del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, como alegaba la defensora, y además tratarse de una acción ejercida contra una decisión dictada por el Juzgado de Control No. 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, es decir, dictada por un tribunal de primera instancia en lo penal, esta Sala reiterando los criterios sostenidos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja), se declara incompetente para conocer la presente acción de amparo, y así se declara.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara incompetente para conocer la acción de amparo ejercida por la abogada AUDREY DEL CARMEN DORTA SÁNCHEZ, en representación de ANTONIO JOSÉ PÉREZ ALVARADO y FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ, contra la decisión dictada por el Juzgado de Control No. 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, el 12 de mayo de 2000, y en consecuencia, se ordena remitir el expediente al juzgado competente, es decir, a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.