Sentencia N° 982 Constitucional TSJ 2000: Popiel Ernesto Azuaje Joves vs Comisión Legislativa Nacional — La admisibilidad de la…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara admisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Popiel Ernesto Azuaje Joves contra el Decreto nº 36.976 de la Comisión Legislativa Nacional. Se argumenta que la Comisión Legislativa no respetó el derecho a la defensa del accionante al destituirlo de su cargo sin un debido proceso. La Sala establece su competencia para conocer del caso y ordena notificaciones pertinentes para el desarrollo del procedimiento.

La solicitud de amparo constitucional bajo análisis se dirige contra un presunto acto inconstitucional de la Comisión Legislativa Nacional, la cual es un órgano de rango constitucional, por cuanto fue creado por la reciente Asamblea Nacional Constituyente en el Decreto mediante el cual se dictó el Régimen de Transición del Poder Público, de fecha 22 de diciembre de 1999 y cuya última reimpresión fue publicada en la Gaceta Oficial nº 36.920 de fecha 28 de marzo de 2000. El mencionado Decreto establece al respecto lo siguiente: Artículo 5. El Poder Legislativo Nacional, hasta tanto se elijan y tomen posesión los diputados integrantes de la Asamblea Nacional prevista en la Constitución aprobada por el pueblo de Venezuela, será ejercido por una Comisión Legislativa Nacional. Entre sus funciones tiene las siguientes: Artículo 6. Corresponde a la Comisión Legislativa Nacional: 1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. 2. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en la Constitución aprobada y la ley. (...) 4. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. 5. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto. (...) Se trata, sin lugar a dudas, del organismo que tiene a su cargo el ejercicio de la función legislativa a nivel nacional –aunque de manera transitoria-, por lo que las impugnaciones que se hagan de sus actos, actuaciones u omisiones, deben conducirse a través de un iter procesal distinto en algunos aspectos a los emitidos por otros órganos de menor entidad o de distinto nivel dentro de la estructura orgánica del Estado venezolano.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara ADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por los abogados Jesús Montes de Oca Escalona, Jesús Montes de Oca Núñez y Nancy Montaggioni Rodríguez, en representación del ciudadano POPIEL ERNESTO AZUAJE JOVES, contra el Decreto nº 36.976, de fecha 20 de junio de 2000, dictado por la Comisión Legislativa Nacional; en consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: 1º) Notificar al Presidente de la Comisión Legislativa Nacional para que concurra a enterarse del día y hora de la audiencia constitucional que fije la Secretaría de esta Sala, y a fin de que en su oportunidad exprese los argumentos que estime convenientes; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. 2º) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem. 3º) Fijar la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga de la presente decisión. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.