Sentencia N° 981 Constitucional TSJ 2000: Anisa Marcano de Sotillo vs Comisión de Funcionamiento y Reestructuración…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Anisa Marcano de Sotillo, quien fue suspendida de su cargo como Juez de la Corte de Apelaciones del Estado Vargas sin el debido proceso. La solicitante argumentó que no fue notificada de la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra y que la sanción le causó un daño a su honor y reputación. La Sala, al considerar que se violaron sus derechos al debido proceso y a la defensa, decidió dejar sin efecto la sanción impuesta y ordenar su reincorporación al cargo.

La solicitud de amparo constitucional interpuesta ha sido dirigida contra la decisión de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración de Sistema Judicial, mediante la cual se suspende a la ciudadana Anisa Marcano de Sotillo del cargo de Juez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Vargas, reseñada en fecha 30 de marzo de 2000 por diversos medios de comunicación social impresos. Ahora bien, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial es un órgano de rango constitucional, por cuanto fue creado por la reciente Asamblea Nacional Constituyente en el Decreto mediante el cual se dictó el Régimen de Transición del Poder Público, de fecha 22 de diciembre de 1999 y cuya última reimpresión fue publicada en la Gaceta Oficial nº 36.920 de fecha 28 de marzo de 2000. El mencionado Decreto establece al respecto lo siguiente: Artículo 23: Los derechos y obligaciones asumidos por la República, por órgano del Consejo de la Judicatura, quedará a cargo de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. (...) Artículo 24: La competencia disciplinaria judicial que corresponde a los Tribunales disciplinarios, de conformidad con el artículo 267 de la Constitución aprobada, será ejercida por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial de acuerdo con el presente régimen de transición y hasta que la Asamblea Nacional apruebe la Legislación que determine los procesos y Tribunales disciplinarios. Artículo 26: Las atribuciones otorgadas a la Comisión de Emergencia Judicial, por medio de los Decretos de Reorganización del Poder Judicial, particularmente en el publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 36.782, de fecha 8 de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, serán ejercidas por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Es, pues, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, el órgano que sustituye a la Comisión de Emergencia Judicial, y ejerce actualmente las atribuciones otorgadas a aquélla en forma transitoria. Se trata, sin lugar a dudas, del organismo que tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria judicial a nivel nacional, -aunque de forma transitoria también- por lo que las impugnaciones que se hagan de sus actos, actuaciones u omisiones, deben conducirse a través de un iter procesal distinto en algunos aspectos a los emitidos por otros órganos de menor entidad o de distinto nivel dentro de la estructura orgánica del Estado venezolano.

1.- ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana ANISA MARCANO DE SOTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº 1.742.084, actuando en su propio nombre, contra la decisión de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración de Sistema Judicial, mediante la cual se le suspende del cargo de Juez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Vargas, reseñada en fecha 30 de marzo de 2000 en diversos medios de comunicación social impresos. 2.- ORDENA a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: 1º) Notificar al Presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial para que concurra a enterarse del día y hora de la audiencia constitucional que fije la Secretaría de esta Sala, a fin de que en su oportunidad exprese los argumentos que estime convenientes; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. 2º) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem. 3º) Fijar la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga de la presente decisión. 4º) Informar a la parte accionante que deberá consignar en dicha oportunidad copia certificada del instrumento en que conste su suspensión del cargo de Juez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Vargas, de ser el caso.