Sentencia N° 980 Constitucional TSJ 2000: Bárbara Pico de Rodríguez vs Corte de Apelaciones del Circuito Judicial…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió una acción de amparo constitucional interpuesta por la Fundación Justicia en representación de BÁRBARA PICO DE RODRÍGUEZ, madre de una víctima de un operativo policial. La acción se dirigió contra una sentencia de la Corte de Apelaciones que revocó una medida de privación de libertad de los imputados por homicidio calificado. La Sala analizó su competencia y declaró admisible la acción, argumentando que la decisión de la Corte vulneraba derechos humanos consagrados en la Constitución.

La acción ha sido ejercida contra la decisión dictada por una Corte de Apelaciones que revocó la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada por el Juzgado Tercero de Control del referido Circuito Judicial Penal, contra los imputados Fernando Eduardo Tarazona Pérez, Rafael Martín García Carrero, Franklin Alexander Guillén Useche, Franklin Gabino Jurado Casanova y José Wilmer Cacique Aguilar, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible y uso indebido de arma de reglamento en perjuicio de los ciudadanos Francisco Martín Rodríguez Pico y Eliécer Torrado Cuadros. Tal fallo, expresa el querellante, vulnera el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución vigente, que textualmente expresa: “Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los Tribunales ordinarios. Dicho delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.” (negrilla y subrayado del accionante), en virtud de lo cual la aludida Corte de Apelaciones no ha debido otorgar el beneficio de la libertad en detrimento de los derechos humanos.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por el abogado RAMÓN ELÍAS PERNÍA CONTRERAS, actuando en su carácter de Presidente de la Fundación Justicia, Organización no Gubernamental (ONG) para la defensa de los derechos humanos, en representación de la ciudadana BÁRBARA PICO DE RODRÍGUEZ (victima), madre del ciudadano Francisco Martín Rodríguez Pico, quien resultó muerto en un operativo policial, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, de fecha 6 de abril de 2000, alegando la presunta violación del derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución vigente. En consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: 1º) Notificar mediante oficio al Juez Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, de la acción de amparo ejercida contra la sentencia emanada de ese despacho de fecha 06 de abril de 2000, para que concurra a enterarse del día y hora, que fije la referida Secretaría, en que se realizará la audiencia constitucional, a fin de que, en su oportunidad, exprese los argumentos que estime convenientes; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. La ausencia en el acto del juez del referido Juzgado, no se presumirá como aceptación de las presuntas lesiones denunciadas. 2º) Solicitar a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, que informe de la presente acción de amparo a los ciudadanos Fernando Eduardo Tarazona Pérez, Rafael Martín García Carrero, Franklin Alexander Guillén Useche, Franklin Gabino Jurado Casanova y José Wilmer Cacique Aguilar, imputados en la causa penal por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible y uso indebido de arma de reglamento en perjuicio de los ciudadanos Francisco Martín Rodríguez Pico y Eliécer Torrado Cuadros, respecto de la cual fue emitida la sentencia accionada en amparo. El Tribunal deberá hacer saber, oportunamente, a esta Sala sobre el cumplimiento de este mandamiento. 3º) Notificar al Ministerio Público sobre el procedimiento en la presente acción de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, anexando al respectivo oficio copia de la solicitud y de esta decisión. 4º) Notificar a la Defensoría del Pueblo, quien de conformidad con el artículo 280 de la Constitución tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos establecidos en ella y en los tratados internacionales, anexando al respectivo oficio copia de la solicitud y de la presente decisión. 5º) Fijar la audiencia oral dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga del presente pronunciamiento. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.