Sentencia N° 976 Constitucional TSJ 2000: Robert Addemar Marquez vs Contralor General de la República — Amparo constitucional…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admite la acción de amparo constitucional interpuesta por Robert Addemar Márquez contra el acto administrativo de destitución emitido por el Contralor General de la República. Se argumenta que el acto es inconstitucional por no presentar hechos concretos que justifiquen la destitución y por violar derechos fundamentales del accionante, como el debido proceso y la defensa. La Sala ordena notificaciones y la fijación de una audiencia constitucional.

La solicitud de amparo constitucional interpuesta ha sido dirigida contra el acto administrativo emanado del Contralor General de la República mediante el cual resuelve destituir al ciudadano Robert Addemar Márquez del cargo de Contralor General del Estado Delta Amacuro e intervenir la referida Contraloría. Según se desprende del escrito de solicitud de amparo, en fecha 8 de enero de 1999, Robert Addemar Márquez fue designado Contralor General del Estado Delta Amacuro para el período 1999-2002 y, durante el primer semestre del año 1999, funcionarios adscritos a la Dirección General de Control de Entidades Autónomas de la Dirección de Control de Estados le solicitaron su colaboración para llevar a cabo una inspección fiscal respecto de la legalidad y sinceridad de los gastos presupuestarios correspondientes al año 1998, ejecutados por la ciudadana Nancy Fermín de Kabchi, quien, para ese año, desempeñaba el cargo de Contralora General del referido Estado. Señala el accionante que en fecha 9 de febrero de 2000, el ciudadano Clodosbaldo Russian, en su carácter de Contralor General de la República, mediante Resolución nº 01-00-00-012, decidió destituirlo de sus funciones de Contralor General del Estado Delta Amacuro e intervenir la referida Contraloría por considerar que: “...Por cuanto los resultados aludidos reflejan inobservancia de normas legales, así como un ineficaz ejercicio del control externo que le corresponde ejercer a la Contraloría Estadal, lo cual incide desfavorablemente en la prosecución de una administración transparente y adecuada de los recursos manejados por el Estado.” Alega el accionante que dicho acto es inconstitucional, pues no se desprenden del mismo los hechos concretos por los cuales se le acusa, y que se le sanciona con la pena de destitución por actuaciones realizadas por anteriores funcionarios. Considera que se han violentado de manera directa, flagrante y grosera sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, la presunción de inocencia, sus derechos al honor y la reputación y al trabajo contenidos en los artículos 49, 60 y 62 de la Constitución vigente, al ser cuestionado en el ejercicio de sus funciones y sancionado con la destitución del cargo que desempeñaba sin haber sido legalmente probada su culpa y sin haberse sustanciado el procedimiento correspondiente, impidiéndosele exponer los alegatos y pruebas pertinentes a la defensa de sus intereses.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano ROBERT ADDEMAR MARQUEZ, contra el acto administrativo nº 01-00-00-012 de fecha 9 de febrero de 2000, emanado del Contralor General de la República; en consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: 1º) Notificar al Contralor General de la República para que concurra a enterarse del día y hora de la audiencia constitucional que fije la Secretaría de esta Sala, y a fin de que en su oportunidad exprese los argumentos que estime convenientes; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. 2º) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem. 3º) Fijar la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga de la presente decisión. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.