Sentencia N° 973 — Sala Constitucional del TSJ, 15 de octubre de 2010

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Lucía Magdalena Gómez Vega contra la sentencia del Juzgado Superior Primero Civil y Mercantil de Lara, que había declarado sin lugar la apelación en un juicio por resolución de contrato de opción de compra-venta. La Sala consideró que el tribunal inferior no valoró adecuadamente las pruebas presentadas, lo que vulneró los derechos de la demandante a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. En consecuencia, se ordenó la suspensión de los efectos de la sentencia impugnada hasta que se resuelva el presente recurso de amparo.

La Sala observa que, en el presente caso, la parte actora alegó que la decisión del Juzgado Superior Primero Civil y Mercantil de Lara, al declarar sin lugar la apelación interpuesta, vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa. En este sentido, se argumentó que el juez no valoró adecuadamente las pruebas documentales y testimoniales presentadas, lo que llevó a una decisión injusta. La Sala, al examinar el expediente, concluyó que efectivamente existieron pruebas que no fueron consideradas por el tribunal inferior, lo que justifica la admisión del amparo constitucional. Asimismo, se destacó la importancia de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, especialmente en casos donde se discuten derechos patrimoniales y de vivienda.

Se admite la pretensión de amparo constitucional interpuesta por Lucía Magdalena Gómez Vega contra la sentencia del Juzgado Superior Primero Civil y Mercantil de Lara, se ordena la notificación de esta decisión al mencionado juzgado y se decreta medida cautelar innominada de suspensión de la ejecución del acto decisorio hasta que se emita la decisión definitiva en este proceso.