Sentencia N° 972 Constitucional TSJ 2001: Osanna Rimondi de Gómez — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por Osanna Rimondi de Gómez, quien alegó violaciones a sus derechos fundamentales. La Sala declaró inadmisible la acción, argumentando que el tribunal competente para conocer de la demanda era el Juzgado de Primera Instancia, y no esta Sala, debido a la naturaleza de la acción de amparo y la falta de competencia para conocer de la demanda por cobro de honorarios profesionales. Además, se destacó que la demandante había tardado más de tres años en interponer el recurso de amparo, lo que también contribuyó a la inadmisibilidad de la acción.

La Sala observa que el objeto de la presente acción de amparo se halla constituído por las sentencias emanadas, en fechas 15 de octubre de 1996 y 17 de enero de 2000, de los Juzgados Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Octavo de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, así como por la demanda de cobro de honorarios profesionales instaurada por el abogado Manuel Gustavo Hernández. Ahora bien, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 4, único aparte, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el Tribunal competente para conocer de la acción, ejercida contra la sentencia dictada por el Juzgado 8° de Municipio, es el correspondiente Juzgado de Primera Instancia y no esta Sala, por cuanto aquélla debe instaurarse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento. Asimismo, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 7 de la citada Ley Orgánica, esta Sala no es competente para conocer de una acción de amparo constitucional contra una demanda por cobro de honorarios profesionales, toda vez que la misma correspondería, si fuere el caso, a un Tribunal de Primera Instancia competente en materia afín con la naturaleza del derecho violado o amenazado de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde hubiese ocurrido el hecho lesivo. Finalmente, en cuanto a la sentencia dictada, en fecha 15 de octubre de 1996, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, consta en autos que, habiendo anunciado la accionante recurso de casación a su respecto en fecha 26 de noviembre de 1996, y habiendo tomado desde entonces conocimiento de su contenido, no ejerció la correspondiente acción de amparo constitucional sino más de tres años después, es decir, el 21 de febrero de 2000, motivo por el cual, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 6, numeral 4, primer aparte, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, procede declarar inadmisible la acción en referencia. Así se decide.

ORDENA al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que remita a esta Sala, junto a copia certificada de su sentencia del 06 de abril de 2001 referida supra y del auto que habría dictado el 20 de febrero de 2000 en el expediente nº 00-9829 de su nomenclatura, informe dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la recepción del oficio correspondiente, acerca del cumplimiento que hubiere dado a la sentencia de la Sala nº 1286 del 27 de octubre de 2000.