Sentencia N° 971 Constitucional TSJ 2001: Raiza Ramona Bulfone vs Juez Tercera de Primera Instancia en lo Penal…

La ciudadana Raiza Ramona Bulfone interpuso un amparo constitucional contra la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal del Estado Portuguesa, que negó la entrega de un vehículo que ella alegaba ser de su propiedad. El Juzgado Superior Primero en lo Penal declaró sin lugar la pretensión de amparo, lo que llevó a la demandante a recurrir ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional, tras analizar los hechos y la normativa aplicable, confirmó la decisión del Juzgado Superior, argumentando que no se configuró una violación al derecho de propiedad, dado que la titularidad del vehículo no estaba claramente establecida.

La Sala observa que la demandante en amparo denuncia la violación del derecho a la propiedad contemplado en el artículo 99 de la Constitución de 1961, presuntamente vulnerado por la Juez del suprimido Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, el cual se negó a devolver un vehículo de su propiedad, aún cuando quedó demostrado que “el mencionado vehículo no participó en ningún hecho criminoso relacionado con la investigación” que se sigue ante ese Tribunal por la comisión del delito de homicidio intencional en perjuicio de Alexander Velásquez Barrios. El Juez del suprimido Juzgado Superior Primero en lo Penal del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, actuando como Juez Constitucional, declaró sin lugar la pretensión de amparo por cuanto la Juez Tercera de Primera Instancia antes identificada, no actuó fuera de su competencia ni incurrió con su actuación en abuso de poder ni extralimitación de atribuciones sino, por el contrario, decidió respecto de la presunta violación del derecho de propiedad con base en la titularidad dudosa que la quejosa tiene sobre el mismo y la investigación sumaria que para ese entonces aún no terminaba. Los artículos 71 y 75-C, primera parte, del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal –aplicable a los hechos de autos-, en cuanto al alcance de las medidas a tomar por el juez instructor sobre bienes muebles e inmuebles en el sumario, establecen: Artículos 71: “Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar la perpetración de los hechos punibles, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los presuntos agentes, con el aseguramiento de sus personas y de los objetos activos y pasivos de la perpetración…(omissis)” (subrayado de la Sala). Artículo 75-C: “Inmediatamente después que los funcionarios de Policía Judicial descubran o tengan noticias de que se ha cometido un delito de acción pública deberán trasladarse sin demora alguna al lugar del suceso, y darán al mismo tiempo aviso a la Autoridad Judicial; tomarán las medidas necesarias para que las huellas del hecho no desaparezcan y para que el estado de los lugares no sea modificado, ocuparán lo objetos, armas o instrumentos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión del delito y cualesquiera otros que puedan servir para el objeto de las investigaciones”. (subrayado de la Sala) De las normas adjetivas penales supra transcritas, infiere la Sala que el juez penal está facultado para decretar, si así lo considerare conducente, medidas cautelares innominadas sobre bienes muebles e inmuebles cuando estos fueren considerados objetos activos y pasivos de la perpetración del delito investigado, ante la existencia de algún vínculo de estos bienes con la averiguación sumaria. De no ser así, no le es dado al juez penal restringir el alcance de los derechos que las personas ostenten sobre tales bienes. Del contenido de las actas se desprende que el vehículo requerido habría sido utilizado por el ciudadano José Antonio Flores Barreto para darse a la fuga luego de la comisión del delito de homicidio en perjuicio de Alexander Velásquez Barrios; lo que explica que hubiera sido considerado por la Juez de mérito como un ”objeto pasivo” dentro de la investigación que por la comisión de este delito se seguía en el Juzgado Tercero de Primera Instancia ya identificado, de modo que estaba la Juez facultada por el ordenamiento jurídico procesal penal vigente para retener el vehículo, dentro del ámbito de la investigación sumaria que seguía, si así lo consideraba pertinente. Por otra parte, la Juez de instancia determinó que la titularidad de la propiedad del vehículo no estaba claramente determinada por cuanto, previa a la solicitud efectuada por la quejosa en amparo el 3 de febrero de 1994, el acusado había solicitado, el 9 de diciembre de 1993, la entrega del mismo vehículo retenido, que habría comprado al ciudadano Enzo Nigro Domenicone por medio de documento privado, razón por la cual el juez constitucional desestimó la alegada violación del derecho de propiedad. La Sala estima que dicha decisión está ajustada a derecho puesto que no puede intentarse judicialmente un derecho que no se ostenta o, al menos cuya titularidad no ha sido probada. Así se declara. En consecuencia, esta Sala Constitucional confirma la sentencia sometida a consulta dictada por el mencionado Juzgado Superior Primero en lo Penal del Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Así se decide.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda de amparo interpuesta por ciudadana Raiza Ramona Bulfone contra el suprimido Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, y CONFIRMA, en los términos expuestos la decisión emanada del suprimido Juzgado Superior Primero en lo Penal del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.