Sentencia N° 967 Constitucional TSJ 2001: Iván Darío Badell González — La competencia en la acción de nulidad interpuesta por el…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de la acción de nulidad interpuesta por el Fiscal General de la República contra el Decreto Nº 319 y otros actos normativos. Se determinó que la Sala Constitucional no tiene competencia para conocer de dicha acción, ya que se trata de actos de efectos generales que deben ser revisados por la Sala Político-Administrativa. La decisión se fundamenta en la interpretación de los artículos 334 y 266 de la Constitución, que delimitan las competencias de las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala Constitucional observa que ha sido ejercido una acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra el Decreto Nº 319 dictado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, el 24 de agosto de 1994, publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.534 del 29 de agosto de 1994, así como contra el Estatuto del Servicio Autónomo de Personería de la Procuraduría General de la República, dictado en su última versión el 14 de diciembre de 1995, por el Procurador General de la República, y contra las normas contenidas en los artículos 8, 9 y 14 de la Reforma al Reglamento Interno de la Procuraduría General de la República dictado el 14 de diciembre de 1995, ambos textos publicados en la Gaceta Oficial Nº 35.892 del 1º de febrero de 1996. A los efectos de determinar la competencia, es preciso advertir que la Constitución vigente distingue claramente la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, delimitando el alcance de ambas competencias en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objetos de control y no a los motivos por los cuales se impugnan.

1. Que NO TIENE COMPETENCIA para conocer del desistimiento de la acción de nulidad que por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad interpusiera el ciudadano Fiscal General de la República contra el Decreto Nº 319 dictado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, el 24 de agosto de 1994, publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.534 del 29 de agosto de 1994, así como contra el Estatuto del Servicio Autónomo de Personería de la Procuraduría General de la República, dictado en su última versión el 14 de diciembre de 1995, por el Procurador General de la República, y contra las normas contenidas en los artículos 8, 9 y 14 de la Reforma al Reglamento Interno de la Procuraduría General de la República dictado el 14 de diciembre de 1995, ambos textos publicados en la Gaceta Oficial Nº 35.892 del 1º de febrero de 1996. 2. Que EL TRIBUNAL COMPETENTE para conocer del desistimiento de la acción antes referida, es la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Sala competente antes indicada.