Sentencia N° 963 Constitucional TSJ 2001: Pedro Miguel Reyes y Román Eloy Agrote Mota vs Ministerio de Infraestructura

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Pedro Miguel Reyes y Román Eloy Agrote Mota, en representación de varios jubilados, contra presuntas omisiones del Ministerio de Infraestructura. La decisión se basa en la falta de agotamiento de la vía judicial contencioso administrativa ordinaria, ya que los accionantes no demostraron haber utilizado los recursos disponibles para resolver su situación.

La Sala, a tal fin, pasa a realizar las siguientes observaciones: En primer lugar, es necesario destacar que los derechos fundamentales son “...un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” (Pérez Luño, A., Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 1999, pág. 48); y, al propio tiempo, “...constituyen los presupuestos de consenso sobre los cuales se debe edificar cualquier sociedad democrática, pues comportan la garantía esencial de un proceso político libre y abierto, como elemento informador de cualquier sociedad pluralista” (sentencia n° 828/2000). Así es como se justifica que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de haberlos instituido como pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho y de Justicia, haya declarado que los tribunales, en el ejercicio de la función jurisdiccional, tanto a través del conocimiento de las diversas pretensiones que les fueren deducidas, como en el tratamiento que dieren a la específica pretensión de amparo constitucional, deberán restituir a sus titulares en el goce y ejercicio de los mismos (artículos 26 y 27 constitucionales). Por consiguiente, que ante cualquier solicitud en que se invoque la tutela constitucional autónoma de amparo a nivel de este Máximo Tribunal, y haciendo abstracción de lo que resulte del examen de admisibilidad o de procedencia, conforme corresponda, es de esta Sala Constitucional la competencia para su conocimiento.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Pedro Miguel Reyes y Román Eloy Agrote Mota, actuando como apoderados judiciales de los ciudadanos JOSÉ ÁNGEL GUÍA, LUIS GONZÁLEZ, MIRNA ACOSTA, JOSEFINA MORALES, JUAN CÁRDENAS ZURITA, JUAN JOSÉ GALINDO, OSWALDO DÍAZ COVA, ARTURO VICUÑA, JOSÉ NICOLÁS HERNÁNDEZ y JUAN REINALDO DENNIS, contra presuntas omisiones del Ministerio de Infraestructura. Publíquese, regístrese y archívese el expediente.