Sentencia N° 957 Constitucional TSJ 2000: Mery Sáchez de Ugas vs Reglamento de Vehículos de Alquiler — La competencia en la…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente relacionado con una acción de nulidad interpuesta por la abogada Mery Sánchez de Ugas, en contra del Reglamento de Vehículos de Alquiler. Tras el análisis del caso, la Sala determinó que no tiene competencia para conocer de la acción, ya que el reglamento impugnado es un acto de rango sublegal, cuya revisión corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. La decisión se fundamenta en la interpretación de los artículos 334 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que delimitan las competencias de la Sala Constitucional y establecen que la revisión de actos administrativos generales o particulares contrarios a derecho corresponde a la Sala Político Administrativa. Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Sala competente para su conocimiento. Finalmente, la Sala Constitucional declara que el tribunal competente para conocer de la acción de nulidad es la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y se ordena la remisión del expediente a dicha Sala.

La Constitución vigente distingue claramente la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, delimitando el alcance de ambas competencias en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objetos de control y no a los motivos por los cuales se impugnan. En efecto, la norma contenida en el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de Ley”. Asimismo, en el artículo 336 eiusdem se establecen en forma particularizada las competencias de esta Sala. Igualmente, en el artículo 214 eiusdem se le otorga a esta Sala la competencia para realizar el control previo de la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación. Y por último, la determinación de la constitucionalidad del carácter orgánico otorgado por la Asamblea Nacional a las leyes así calificadas, de forma previa a su promulgación (artículo 203 eiusdem). En tal sentido, esta Sala Constitucional ha señalado que: “el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo. Así las cosas, la normativa constitucional aludida imposibilita una eventual interpretación que tienda a identificar las competencias de la Sala Constitucional con los vicios de inconstitucionalidad que se imputen a otros actos o con las actuaciones de determinados funcionarios u órganos del Poder Público” (Sentencia de fecha 27 de enero de 2000, caso: Milagros Gómez y otros). De esta forma, la Sala Constitucional, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conoce de los recursos de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra los actos expedidos en ejecución directa de la Constitución o que tengan forma de ley. De allí que, en el caso de autos, al tratarse el reglamento impugnado de un acto de rango sublegal, esta Sala Constitucional carece de competencia para controlar su conformidad a Derecho, ya que tal competencia corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Así se decide.

Que NO TIENE COMPETENCIA para conocer de la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad por la abogada MERY SÁCHEZ DE UGAS, Síndico Procurador Municipal del Distrito Maracaibo, en contra del REGLAMENTO DE VEHÍCULOS DE ALQUILER dictado por el Ejecutivo Nacional el 27 de agosto de 1974 y publicado en la Gaceta Oficial Nº 228721. Que EL TRIBUNAL COMPETENTE para conocer del recurso de nulidad interpuesto, es la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Sala competente antes indicada.