Sentencia N° 956 Constitucional TSJ 2001: FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO… vs Juzgado Superior Segundo Accidental en lo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo interpuesta por Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero, en contra de una sentencia del Juzgado Superior Segundo Accidental que declaró la perención de la instancia. Los accionantes alegaron que dicha decisión vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa, ya que el juicio se encontraba en fase inicial y el juzgado no debía pronunciarse sobre la perención. La Sala consideró que el juzgado superior actuó de manera indebida al declarar la perención sin haber cumplido con el mandato de regular la competencia, lo que llevó a declarar con lugar la acción de amparo.

La perención de la instancia, al menos en los procesos de naturaleza civil, o de los que se guíen por el Código de Procedimiento Civil, solo funciona cuando existe inactividad de las partes, y no cuando después de vista la causa surge inactividad del juez, cuando no sentencie en los términos señalados en las leyes para ello, con lo que se paraliza la causa. La expectativa legítima es relevante para el proceso. Ella nace de los usos procesales a los cuales las partes se adaptan y tomándolos en cuenta, ejercitan sus derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se trata de usos que no contrarios a derecho.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada MILAGRO URDANETA CORDERO, abogado asistente de los ciudadanos FRAN VALERO GONZÁLEZ Y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO en contra de la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, del 4 de noviembre de 1999. En consecuencia, se ordena a dicho Juzgado dictar nueva sentencia de acuerdo a lo ordenado por la decisión del 13 de agosto de 1992 de la Sala de Casación Civil.