Sentencia N° 955 Constitucional TSJ 2000: Asociación Cooperativa Mixta la Salvación de… — Nulidad por inconstitucionalidad del…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Cooperativa Mixta La Salvación contra los artículos 129 y 132 del Decreto Nº 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas. Se argumentó que las disposiciones impugnadas violan derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso y la igualdad, al permitir la conversión de contratos mineros sin garantizar la defensa de los derechos de los concesionarios existentes. La Sala decidió declarar con lugar la acción, ordenando la notificación a las autoridades pertinentes y la remisión de un informe por parte del Ministerio de Energía y Minas sobre el procedimiento de conversión de contratos.

De los términos del escrito que da inicio a las presente actuaciones, observa esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ha sido interpuesta en autos una acción de nulidad por inconstitucionalidad, conjuntamente con acción de amparo constitucional, contra las normas previstas en los artículos 129 y 132 del Decreto Nº 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas, de fecha 5 de septiembre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.382 Extraordinario del 28 de septiembre de 1999. Asimismo se observa que como fundamentos de la medida provisional de amparo se invoca la violación de los derechos a la igualdad y no discriminación (artículos 19 y 21 de la Constitución), defensa y debido proceso (artículo 49 eiusdem), y por vía de consecuencia, de los derechos a la libertad económica (artículo 112), libre asociación con fines económicos (artículo 118), el derecho de propiedad (artículo 115) y el derecho al trabajo (artículos 87, 88 y 89), consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pasa en consecuencia esta Sala Constitucional a analizar el contenido del artículo 129 de la ley impugnada en sintonía con los alegatos presentados por los apoderados actores, y observa al efecto que el contenido del referido artículo es del tenor siguiente: “Artículo 129. Las concesiones vigentes otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, quedarán sujetas a sus disposiciones en los siguientes términos: a) Conservarán su derecho de explotación sólo sobre los minerales y en la forma de presentación, conforme fueron otorgados en el título respectivo. b) Pagarán los impuestos en ella previstos, luego de vencido el término de un (1) año, a contar desde la fecha de publicación de esta Ley en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela; c) La duración de cada concesión será la establecida en el título original a contar desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela; d) Le serán aplicadas de forma inmediata aquellas disposiciones referentes al ambiente u otras materias de alto interés nacional contempladas en las leyes; e) Las demás disposiciones de esta Ley se aplicarán vencido el lapso de un (1) año, contado a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela; f) Las ventajas especiales estipuladas a favor de la República ofrecidas por el concesionario continuarán vigentes.”

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Se ADMITE la acción de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta conjuntamente con amparo constitucional por los abogados Flora Higuera Houthon e Iván Gómez Millán actuando con el carácter de apoderados judiciales de la “ASOCIACIÓN COOPERATIVA MIXTA LA SALVACIÓN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, contra las normas contenidas en los artículos 132 y 129 del Decreto Nº 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas, de fecha 5 de septiembre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.382 Extraordinario del 28 de septiembre de 1999. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ORDENA notificar mediante oficio al Presidente de la República y al Fiscal General de la República a los efectos de que si lo estimase pertinente presente el informe a que se refiere la Ley. Asimismo, EMPLÁCESE a los interesados mediante cartel el cual será publicado por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a expensas del recurrente, en uno de los medios impresos de mayor circulación nacional para que concurran a darse por citados, a partir de la fecha de su publicación hasta la oportunidad que tenga lugar el acto de informes en el presente juicio. 2.- Se ORDENA al Ministerio de Energía y Minas remitir dentro de un lapso improrrogable de diez (10) días hábiles el informe a que se hiciera mención en la motivación del presente fallo. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.