Sentencia N° 950 Constitucional TSJ 2001: Eulice Rafael Guerra vs Director General Sectorial de los Servicios…

TSJ/SC, Sent. N° 950, Exp. 00-2945, 01/06/2001 · 1 de junio de 2001
Expediente00-2945
Parte actora / solicitanteEULICE RAFAEL GUERRA
Parte demandada / contraparteDirector General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP)
PonenteJOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-06-01
DecisiónIncompetente

Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declaró incompetente para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eulice Rafael Guerra contra el acto de destitución dictado por el Director General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declinado la competencia, lo que llevó a la Sala Constitucional a determinar que la acción debía ser conocida por dicha Corte. La decisión se fundamentó en la falta de pronunciamiento del Ministro de Relaciones Interiores, lo que generó un silencio administrativo negativo.

Extracto de la motiva

Visto que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declinó la competencia para conocer la acción de amparo interpuesta en la Sala Político-Administrativa, en virtud de que en autos constaba que el accionante había ejercido el recurso jerárquico contra el acto emanado del Director General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) adscrito al entonces Ministerio de Relaciones Interiores, quien no se pronunció sobre el mismo, con lo que se operó el silencio administrativo, circunstancia que la hacía incompetente según lo dispuesto en los artículos 134 y 42.10 de la Ley Orgánica de la Corte suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem; Visto también que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo confundió la jurisdicción contencioso administrativa con la jurisdicción constitucional, en la medida en que absolvió de la instancia de la tutela constitucional, al considerar que el silencio administrativo abría para el accionante la vía contencioso administrativa conforme a las disposiciones legales citadas supra; Visto finalmente que la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no se produjo en sede constitucional, sino en sede administrativa, pues la declinatoria de la competencia se produce como resultado de la constatación por dicha Corte, del ejercicio de un recurso que no podía considerarse ni dirimirse en dicha sede, ya que su competencia versaba, en el caso de autos, sobre la acción de amparo indicada; La Sala no acepta la competencia en el caso de autos por las razones siguientes: Se trata de una acción de amparo contra un acto administrativo de efectos particulares emanado de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) adscrita al entonces Ministerio de Relaciones Interiores; La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo es el tribunal competente para conocer dicha acción en virtud de lo dispuesto en el artículo 185, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con los artículos 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 5. 4° de la Ley de Carrera Administrativa.

Dispositiva

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano EULICE RAFAEL GUERRA, asistido por el abogado Manuel Jesús Domínguez, contra el acto dictado por el Director General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), del entonces Ministerio de Relaciones Interiores, mediante el cual fue destituido del cargo que ejercía como Inspector, adscrito a la Brigada de Protección a Instituciones y a Personalidades, por la presunta violación de su derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso, consagrados en el artículo 68 de la Constitución de 1961, en virtud de no haberse realizado ningún procedimiento, así como la violación de los artículos 59, 84, 88 y 122 eiusdem, y declara COMPETENTE a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para el conocimiento de la misma.

Palabras clave

amparo constitucionalderecho a la defensasilencio administrativodestitucióndebido procesoCorte PrimeraDISIPjurisdicción constitucional

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