Sentencia N° 943 — Sala Constitucional del TSJ, 9 de noviembre de 2022

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Vito Angelo Cappiello De Paola, en contra de decisiones del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución. El tribunal consideró que no existieron violaciones a derechos constitucionales y que había un medio idóneo para resolver la situación planteada. La decisión del Tribunal Superior Cuarto fue confirmada, manteniendo la patria potestad compartida entre ambos progenitores.

Que la solicitud de ejercicio unilateral de la patria potestad, está regulada en el dispositivo contenido en el artículo 262 del Código Civil, norma de vieja data que no fue derogada por la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, ni por la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así entonces, el artículo 262 del Código Civil dispone: “En caso de muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, si se hallare alguno de ellos sometido a tutela de entredicho, de haber sido declarado ausente, de no estar presente o cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella, el otro progenitor asumirá o continuará ejerciendo solo la patria potestad; pero si había sido privado de la misma por sentencia o decisión judicial, no podrá hacerlo sino después que haya sido autorizado o rehabilitado por el mismo tribunal”. De allí, mediante sentencia N° 284 del 30 de abril de 2014, emanada de esta Sala Constitucional, pudo distinguir cinco supuestos que dan lugar al ejercicio exclusivo de la patria potestad por uno solo de los progenitores; es decir, se trató de situaciones donde bien no existe una privación del ejercicio de la patria potestad de uno de los padres, uno de los progenitores lo asume en soledad; salvo en lo que respecta al supuesto del entredicho, que requiere la apertura del procedimiento de interdicción respectivo, supuesto éste que fue incluido expresamente entre las nuevas causales de privación de la patria potestad de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con lo que dicho supuesto quedó derogado implícitamente y, por lo tanto, excluido de este elenco de situaciones que dan lugar al ejercicio unilateral de la patria potestad. En esa oportunidad, la Sala aclaró al respecto lo siguiente: “…que la invocación de la norma contenida en el artículo 262 del Código Civil como sustento de una solicitud de este tipo, obligan al juez a examinar, a través del material probatorio suministrado por la parte interesada, la verificación del hecho que da lugar a la autorización. (…) que como quiera que con el dispositivo legal que comentamos, no se pretende desconocer de manera definitiva ni cuestionar la patria potestad, ni privar al no presente o a la persona imposibilitada de ejercerla, y habida consideración de que el Legislador no señaló expresamente un procedimiento para su tramitación, el que se siga no debe ser complejo, ni puede tener contención, amén de que bajo ningún concepto puede una resolución judicial dictada con base en este artículo crear cosa juzgada material, (…) que, en ausencia de una reglamentación legal para su tramitación, su propia naturaleza exige un trámite dinámico y expedito, pues, vista su utilidad práctica y sus limitaciones, no puede pretenderse que el mismo se tramite a través del mismo procedimiento que se emplea para los juicios ordinarios de privación de patria potestad, en vista de la necesidad inminente que eventualmente planteará el o la solicitante, cuyas circunstancias no permiten una demora. Es decir que, lo correcto con la finalidad perseguida por el dispositivo es recurrir para su trámite a los procedimientos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria”. De lo anterior, permite concluir a esta Sala, que ante la inexistencia de procedimiento para este tipo de solicitud, tuvo que determinarse su tramitación por la vía del procedimiento de jurisdicción voluntaria, no existiendo la obligatoriedad de notificación alguna, ya que ello, contraría la naturaleza de la solicitud, pues lo que si se exige, es que el operador de justicia debe ser cauteloso para circunscribir ese tipo de autorizaciones de ejercicio unilateral de la patria potestad a casos específicos, documentados y urgentes que no entorpezcan el régimen legal tradicional (privación y extinción), pero que garantice al mismo tiempo su efectividad, por tanto, esta Sala Constitucional desestima la denuncia formulada, así se declara.

PRIMERO: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano VITO ANGELO CAPPIELLO DE PAOLA, en contra de las presuntas violaciones constitucionales ocasionadas por actuaciones judiciales atribuidas al ciudadano ABG. YCEBERG MUÑOZ MARTÍNEZ.