Sentencia N° 943 Constitucional TSJ 2001: Ramón Antonio Maican vs Instituto Autónomo Policía del Estado…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de ley planteada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, relacionada con una acción de amparo cautelar y un recurso de nulidad. La Sala determinó su incompetencia para conocer de la consulta, ordenando la remisión de los autos a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que es el tribunal competente para decidir sobre el recurso de nulidad interpuesto. La decisión se fundamenta en la interpretación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta de ley planteada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, conforme lo establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. A tal efecto observa: En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, la consulta de una sentencia emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, que conoció de una acción de amparo cautelar ejercida conjuntamente con un recurso de nulidad, contra un acto administrativo de destitución dictado por el Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui. Ahora bien, en relación con la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las acciones de amparo ejercidas conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad contra actos administrativos o conductas omisivas, previstas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala, en sentencia de fecha 20 de enero del presente año, (Caso Emery Mata Millán), estableció lo siguiente: '…Al estar vigente el citado artículo 5, surge una excepción a la doctrina sobre la competencia en materia de amparo, contenida en este fallo, y es que los tribunales, incluyendo las Salas de este Supremo Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, o contra negativas o abstenciones de la Administración mediante recursos contenciosos administrativos, podrán a su vez conocer de los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o por abstención de la Administración, no se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución y siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca'. Conforme a lo anterior, el conocimiento de la acción de amparo ejercida en forma cautelar, es competencia del tribunal a cuyo cargo esté la decisión correspondiente al recurso de nulidad del cual es accesorio el amparo.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE para conocer de la consulta de ley planteada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, sobre la sentencia de fecha 31 de enero de 2000, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo cautelar interpuesta por el abogado Simón Antonio Vielma R., actuando con en representación del ciudadano RAMÓN ANTONIO MAICAN, contra el acto administrativo contenido en el oficio s/n de fecha 25 de enero de 1999, suscrito por el Presidente-Director General del Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui; en consecuencia, ORDENA la remisión de los autos a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por corresponderle a dicho órgano jurisdiccional su conocimiento y decisión. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.