Sentencia N° 942 Constitucional TSJ 2000: Banco Industrial de Venezuela C.A. — Amparo Constitucional del Banco Industrial de…

La Sala Constitucional del TSJ declara con lugar la acción de amparo interpuesta por el Banco Industrial de Venezuela C.A. contra la decisión de la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones, que había ordenado el pago de bonos de deuda pública a un tercero. La Sala argumenta que la decisión impugnada vulneró el derecho a la propiedad y al debido proceso del Banco, ya que la sentencia de la Corte de Apelaciones no había adquirido firmeza y se encontraba pendiente de un recurso de casación. Se anula la sentencia de la Corte en lo que respecta a los numerales 1 y 2 de su parte dispositiva, manteniendo vigentes las medidas cautelares hasta que se resuelva la titularidad de los bonos.

Visto lo precedentemente expuesto, esta Sala pasa de seguidas a decidir, previo a las siguientes consideraciones: Legitimación del accionante y del juez Elio Batoni Fernández. En lo que concierne al interés del accionante, discutido en el curso de esta audiencia, el Banco Industrial de Venezuela C.A. ha afirmado ser propietario de los bonos Nº 495 y 496, y que dichos instrumentos le fueron hurtados, motivo por el cual ha solicitado la nulidad de la sentencia que ordena el pago de los mismos. También observa que tanto el accionante como los terceros intervinientes han reconocido en esta audiencia que los citados bonos estuvieron en posesión del Banco Industrial de Venezuela C.A., al menos hasta el año 1992; y que el punto de discusión que a este respecto concierne es cómo los instrumentos en referencia salieron de la posesión del accionante. En consecuencia, la Sala estima que el Banco antes referido tiene interés para accionar en la presente causa, y así se declara. En lo que concierne al derecho del Juez Elio Máximo Batoni Fernández a ser oído en la audiencia constitucional, la Sala, habiéndolo notificado, al igual que a los demás jueces integrantes de la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones, reitera su doctrina, según la cual, en la audiencia constitucional puede ser oída cualquier persona que el Tribunal considere útil para la averiguación de la verdad. En razón de ello su participación en el proceso resulta ajustada a derecho, y así se declara. Inadmisibilidad por utilización de vías ordinarias de impugnación. En lo que concierne a la solicitud de que se declare la inadmisibilidad de la presente acción de amparo conforme al numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, formulada en el curso de la audiencia constitucional, a causa de la existencia de un recurso de casación pendiente, la Sala observa que el citado recurso no fue ejercido por el accionante, sino por el Ministerio Público; que el recurso en referencia fue ejercido después de instaurada la presente causa de amparo; que dicho recurso no versa sobre la cuestión del derecho de propiedad invocado por el accionante y, en consecuencia, el fallo que se pronuncie a su respecto no incidirá sobre el objeto de la presente causa; y que éste, no habiendo sido parte en el proceso penal, optó legítimamente por acudir a la acción de amparo, por considerar lesionados sus derechos constitucionales. Por las razones que anteceden, la Sala estima que la causal de inadmisibilidad denunciada en el curso de la audiencia carece de fundamento. Así se declara.

1.- CON LUGAR la presente acción de amparo interpuesta por los abogados Augusto Matheus Pinto, José García Guevara y Arturo López Masso, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA contra la decisión de fecha 1º de junio de 2000, dictada por la Sala No. 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 2.- Como consecuencia de lo anterior, se ANULA la sentencia de fecha 1º de junio de 2000, dictada por la Sala No. 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, únicamente en lo que se refiere al particular tercero, numerales 1 y 2 de su parte dispositiva. 3.- Quedan vigentes las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, hasta tanto haya pronunciamiento sobre el hurto y aprovechamiento de cosas provenientes del delito a que se refiere este fallo, o que se determine judicialmente la propiedad de los citados bonos. 4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se acuerda enviar copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales a los fines de que resuelva la procedencia o no de las medidas disciplinarias a que haya lugar, excepto en lo que se refiere al Juez disidente en la sentencia contra la cual se acciona en amparo.