Sentencia N° 937 Constitucional TSJ 2001: Germán Salazar, Rafael Salazar Panzarelli y… vs Servicio Autónomo de Sanidad…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre un conflicto de competencia relacionado con una acción de amparo constitucional interpuesta por la Sociedad Mercantil ZMO COMERCIAL, C.A. contra el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) por la falta de respuesta a solicitudes de permisos fitosanitarios. La Sala determina que el asunto es de orden administrativo y que corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conocer de la acción de amparo.

En cuanto al tribunal competente para conocer de la presente acción de amparo, la Sala observa que la pretensión sometida a su consideración pretende que el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), otorgue a la parte actora una respuesta acerca de sus solicitudes de permiso fitosanitario. Al respecto, esta Sala denota una vez más que en este tipo de acciones la denuncia de violación de determinados derechos fundamentales (en el caso concreto se refiere el agravio al derechos al trabajo, propiedad, libre comercio, libertad de empresa y a obtener oportuna respuesta) formuladas en términos genéricos, no bastan como criterio atributivo de competencia; de allí que deba acudirse para determinar en definitiva el órgano judicial que conocerá del presente asunto, bien sea a la naturaleza jurídica del ente al cual le es imputado el acto o bien al orden jurídico que rige la relación subyacente a la denuncia. Ahora bien, estima esta Sala necesario señalar, en primer lugar, que el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria, es un ente sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de la Producción y Comercio, creado por el Ejecutivo Nacional a través del Decreto nº 2064 de 17 de enero de 1992. En el artículo 2º del Decreto de creación, se señala como su objeto: “...el estudio, prevención, combate y erradicación de las enfermedades, plagas y demás agentes morbosos perjudiciales a los animales, vegetales y pesca, así como a sus productos, subproductos e insumos”. Dicho Servicio Autónomo fue creado conforme a la facultad que al Presidente de la República le otorgaba el artículo 190, numeral 12 de la Constitución de 1961 (hoy artículo 236, numeral 11), de administrar la Hacienda Pública Nacional. En consecuencia, se trata de un órgano desconcentrado de la Administración Pública Nacional Centralizada, cuya “autonomía” radica en que el producto de sus ingresos puede destinarse específicamente al pago de determinados gastos, como lo serían los suyos propios (adquisición de equipos, pago de personal, etc.). Siendo que su actividad está encaminada a dar satisfacción a un interés general de la cual todos los ciudadanos son beneficiarios, así como que su constitución y funciones las sostiene el Derecho Administrativo (parte del Derecho Público Interno), habida cuenta que las solicitudes respecto de las cuales se produjo una presunta omisión lesiva de derechos fundamentales de la parte actora, se hicieron sobre la base de las competencia genérica que le otorga a dicho ente su Decreto de creación, cabe concluir que el asunto en cuestión es de orden administrativo, por lo que su conocimiento en sede de amparo constitucional, en virtud del principio de afinidad consagrado en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara COMPETENTE a la CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para conocer en primera instancia de la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos Germán Salazar, Rafael Salazar Panzarelli y Bernardo Antonio Cubillán Molina, apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil ZMO COMERCIAL, C.A., contra el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Cría, hoy Ministerio de Producción y Comercio, por presuntas omisiones de oportuna respuesta.