Sentencia N° 930 — Sala Constitucional del TSJ, 13 de julio de 2023

La Magistrada Tania D'Amelio Cardiet presenta la decisión de la Sala Constitucional sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por la Fiscal Provisorio Centésima Duodécimo, Adriana Meaño Díaz, contra una decisión de la Corte de Apelaciones que declaró con lugar un recurso de apelación y anuló una sentencia condenatoria. La Sala Constitucional se declara competente para conocer el caso, pero finalmente inadmite la acción de amparo por la imposibilidad material de restablecer la situación jurídica del adolescente involucrado, quien se encuentra evadido.

Ante la situación denunciada y como quiera que la Corte está impedida de hacer un juicio sobre el hecho, sino solo por el juicio sobre juicio, particularmente sobre la motivación que como sostiene ferrajoli… es una unidad con el principio de legalidad y que el control sobre consistencia del razonamiento probatorio es una unidad con la garantía y legalidad expresada por las tres clásicas BROCADAS nulla poena sine crimini sine lege y nulla poena et nullum crimen sine indicio… corresponde anular la sentencia recurrida y ordenar un nuevo juicio, para que se produzca una nueva sentencia diáfana y prolija en detalles que permitan la verificación de la correcta solución del asunto, dada la consecuencia jurídica de la presente decisión, resulta inoficioso para resolver la segunda denuncia de la recurrente. Así se decide. Por efecto de nulidad de la sentencia condenatoria recurrida, esta Corte, actuando de conformidad con el artículo 180, encabezamiento, del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 450 ejusdem, anula también la orden de detención dictada por la jueza de juicio al pronunciar aquella y restituye la medida cautelar bajo la cual venía el acusado enfrentando el proceso. En el caso de autos el acusado fue condenado a medida privativa de libertad por 10 años y la detención en audiencia fue acordada a petición del Ministerio Público. La norma prevista en el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal es una modalidad de prisión preventiva que surge de la necesidad de asegurar al imputado para la fase siguiente del proceso –la ejecución– por el peligro de fuga que puede surgir o incrementarse por el dictado de la sentencia condenatoria. En modo alguno puede concebirse dicha norma como ejecución anticipada de la sanción, pues el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 49, numeral 2°, de la Constitución y desarrollado por el artículo 540 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se extiende hasta la firmeza de la sentencia, lo que no ocurre mientras este pendiente el recurso. De modo que lo que establece el primer supuesto en referencia es una presunción iuris tantum de que el condenado a cinco o más años de privación de libertad, evadirá el proceso impidiendo la ejecución de la sentencia. En el segundo supuesto, la condena a privación de libertad por menor tiempo, el Fiscal del Ministerio Público, si estima la concurrencia del peligro de fuga, deberá solicitar motivadamente la detención en audiencia. Por lo tanto, y habiendo decidido el A-quo en fecha 05 de diciembre de 2016, imponerle la medida sustitutiva de presentación periódica al tribunal y no ausentarse de la jurisdicción del tribunal, al anularse la sanción recaída posteriormente, se restituye la vigencia de la referida medida cautelar sustitutiva, Así finalmente se decide.

Se declara INADMISIBLE SOBREVENIDAMENTE la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada Adriana Meaño Díaz, en su carácter de Fiscal Provisorio Centésima Duodécimo del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión dictada el 29 de octubre de 2018, por la Corte Superior Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.