Sentencia N° 930 — Sala Constitucional del TSJ, 2 de noviembre de 2016

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Pedro Romero García, en su carácter de Fiscal Décimo Primero del Ministerio Público del Estado Portuguesa, contra la decisión de la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar un recurso de apelación. La Corte de Apelaciones había confirmado la libertad plena de los ciudadanos Jimi Shamekian Baghdikian y José Gabriel Camejo León, desestimando la precalificación de uso de facsímil de arma de fuego, argumentando que los hechos no revisten carácter penal. La Sala Constitucional reafirma que no se evidenció vulneración de derechos constitucionales en la decisión impugnada y que el Ministerio Público tuvo acceso a los medios jurisdiccionales para defender su posición.

no existe un hecho punible (sic) sacando conclusiones del contexto de la Experticia para justificar la decisión, siendo menester indicar que en el sistema acusatorio se llevan los hechos ante el Juez quien debe darnos el derecho (sic) dicho en otras palabras el Juez conoce el Derecho (principio General), a todas luces considera quien recurre (sic) estamos en presencia de un HECHO PUNIBLE cuyo nomen iuris (sic) hemos considerado es el USO DE FACSÍMIL DE ARMA DE FUEGO, De tal manera que es evidente que estamos en presencia de un hecho punible (sic) lo cual ha sido desestimado por el Tribunal de Control (sic) lo a que a todas luces genera un gravamen irreparable… Considera esta Vindicta Pública que la decisión del Tribunal a quo de otorgarle a los imputados la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, por considerar que no se acreditó el hecho punible (sic) sin establecer argumento de valor, ha causado un perjuicio al ejercicio de la acción penal, al poner en riesgo la posibilidad de lograr los fines de la persecución penal, acreditándose de esta forma el peligro de fuga, es necesario concluir que existe un evidente 'Periculum In Mora', en virtud de que hay una presunción razonable de que pueda ser retardada o que se pueda dejar ilusoria la acción del Estado en la realización de la justicia, ante la obstaculización del proceso, para que no se logre el esclarecimiento de la verdad de los hechos, debiendo indicar que el derecho a obtener del Órgano Jurisdiccional protección cautelar para la pretensión del Estado, forma parte esencial del derecho a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…

PRIMERO: Declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS, la acción de amparo constitucional interpuesta, el 26 de mayo de 2016, por el abogado Pedro Romero García, en su carácter de Fiscal Décimo Primero del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, contra la Decisión del 28 de marzo de 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto, el 21 de enero de 2016, por el mismo accionante, en contra de la decisión dictada, el 17 de enero de 2016, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la misma Circunscripción Judicial, Extensión Acarigua. SEGUNDO: Ordena a la Secretaria de la Sala que se remita, copia certificada del presente fallo, a la Dirección de Inspección y Disciplina de la Fiscalía General de la República, a fin de que se determinen las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar, con respecto al abogado Pedro Romero García, en su carácter de Fiscal Décimo Primero del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.