Sentencia N° 925 — Sala Constitucional del TSJ, 8 de julio de 2009

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara que no tiene competencia para conocer la acción de protección de derechos colectivos y difusos interpuesta por un grupo de ciudadanos contra varias autoridades por el deterioro de la Carretera Panamericana. La Sala determina que la competencia corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, dado que la acción se refiere a la prestación de un servicio público. La decisión se basa en la necesidad de proteger la calidad de vida de los ciudadanos y en la obligación del Estado de garantizar servicios de calidad.

La Sala estima que la acción presentada por los ciudadanos busca la protección de derechos colectivos y difusos, en virtud de la desmejora de la calidad de vida de los habitantes de los Altos Mirandinos debido al mal estado de la Carretera Panamericana. Se argumenta que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad y seguridad de los ciudadanos, así como la prestación de servicios públicos de calidad. La Sala concluye que, dado que la acción se refiere a la prestación de un servicio público, la competencia para conocer de la misma corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.

1.- QUE NO TIENE COMPETENCIA para conocer la acción de reclamo por la prestación de servicio público interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por los ciudadanos JANIA JOSEFINA NORIEGA URBANEJA, SAIDA PIETERS, NÉLIDA OROPEZA DE ROMERO, IRLEN ROMERO, JOSÉ CRESPO, MARÍA LUCINDA CABRAL DE FERNÁNDEZ, LUIS TORRES, ARYMAR SIERRA, WINSTHON JOSÉ DÍAZ, GUSTAVO RODRÍGUEZ, GUSTAVO R RODRÍGUEZ, ANGÉLICA GARCÍA, ÍTALO DI LISIO, LINDA DÍAZ, LINDA AGUAJE, KELLY ZAMBRANO, MIREYA GUTIÉRREZ, JERY NARANJO, DAISY VILLARTE, LOGOBALDO HERNÁNDEZ, MARÍA TORRES, MARLENE CAPOTE, RAMÓN IGLESIAS, JUAN CARLOS GONCALVES, BELKIS SOTO, MARLENE GARCÍA, LUCÍA MARTÍNEZ, MARÍA CALDERÓN, YOLACIS GONZÁLEZ, INGRID TRÍAS, CARMEN GÓMEZ, TRINA MARÍN, PATRICIA TOVAR, OSCAR GONZÁLEZ, HUMBERTO BRICEÑO, MAYLEN LEARDI, ROBERT REYES, FERNANDO HERNÁNDEZ, EFRAÍN TOVAR y ARGENIS DÍAZ MACHADO, ya identificados, asistidos por el abogado Carlos Ferrer Olivares contra los ciudadanos Diosdado Cabello Rondón, en su carácter de Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda; Franklin Pérez Colina, en su carácter de Presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT); Jorge Rodríguez, en su carácter de Alcalde del Municipio Libertador y Javier Alvarado, en su carácter de Presidente de la Compañía Electricidad de Caracas. 2.- DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de la mencionada solicitud en la Sala Político Administrativa, quien determinará el órgano jurisdiccional competente para conocer la acción planteada.