Sentencia N° 925 Constitucional TSJ 2001: Fiscal Cuadragésima Sexta del Ministerio… vs Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por la Fiscal Cuadragésima Sexta del Ministerio Público contra la decisión de la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible un recurso de apelación. La Sala consideró que la decisión de la Corte de Apelaciones vulneraba derechos fundamentales y actuó fuera de su competencia al otorgar una medida cautelar sustitutiva de libertad sin tener facultades para ello. Se ordenó la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada y se notificará a las partes involucradas.

La Fiscal del Ministerio Público, a los fines de fundamentar la acción, señaló que la referida Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones, no obstante haber declarado inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, acordó de oficio otorgarle una medida cautelar sustitutiva de libertad, así como prohibirle la salida del país, hasta la culminación del proceso, al ciudadano Freddy Eduardo Hernández, actuando con abuso de poder y fuera de su competencia, por cuanto carecía de facultades legales para ello, violentando así, los artículos 440 y 442 del Código Orgánico Procesal Penal, en vista que debió resolver únicamente sobre la procedencia de la cuestión planteada, declarando su inadmisibilidad, y no otorgar de oficio una medida cautelar sustitutiva. Asimismo, señaló que la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones, al actuar fuera de su competencia, lesionó el derecho constitucional al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Solicitó, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 259 del Código Orgánico Procesal Penal, 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se decretase medida cautelar innominada, mediante la cual se suspendan los efectos de la decisión de la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones, mientras se tramita la presente acción de amparo.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por la Fiscal Cuadragésima Sexta del Ministerio Público, contra la decisión dictada por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 2.- Declara PROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada y, en consecuencia, se acuerda la suspensión de la ejecución de la sentencia del 14 de febrero de 2001, dictada por la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 3.- ORDENA la notificación del Presidente de la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para que comparezca por ante la Secretaría de esta Sala, a fin de conocer el día y la hora en que se celebrará la Audiencia Oral y Pública, la cual será fijada dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la oportunidad en que conste en el expediente la última de las notificaciones que se realice. Igualmente se ordena remitir copias certificadas de la presente decisión y del escrito contentivo de la acción adjunto a la notificación ordenada. La ausencia en el acto de los titulares de dicha Corte, no se presumirá como aceptación de las presuntas lesiones denunciadas. 4.- ORDENA la notificación del imputado, ciudadano Freddy Eduardo Hernández, sobre la admisión de la presente acción, a través del tribunal presuntamente agraviante. 5.- ORDENA notificar al Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.