Sentencia N° 924 — Sala Constitucional del TSJ, 7 de noviembre de 2022

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por el abogado Rafael Eduardo González Rodríguez en representación de Jesús Fidel Castro Rivas, quien había sido privado de libertad por más de cinco años sin un juicio previo. La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes había declarado inadmisible la acción de amparo, argumentando que la presunta lesión había cesado. Sin embargo, la Sala Constitucional determinó que la privación de libertad del demandado constituía una violación de sus derechos humanos y ordenó revocar la decisión de la Corte de Apelaciones, instándola a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo.

Corresponde ahora a la Sala verificar con carácter previo, si la acción de amparo propuesta, cumple con los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en segundo lugar, si la misma pretensión constitucional se encuentra o no incursa en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la precitada ley especial de amparo, y a tales efectos, previamente, observa: …omissis… Es así como establecido el procedimiento a aplicar a la presente Acción de Amparo Constitucional Contra Decisión Judicial, en relación a los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es preciso señalar que necesariamente constituye una carga de quien acciona en amparo, el cumplir con una serie de requisitos a tos fines de que la acción pueda ser admitida y sustanciada por el Tribunal que actúe en sede Constitucional, siendo que la solicitud que contenga la pretensión Constitucional deberá reunir las exigencias establecidas en el referido artículo 18 in comento, el cual textualmente establece.’. En consecuencia del análisis del escrito recursivo, se evidencia que el escrito de Acción de Amparo en la Modalidad de Habeas Corpus, reconducida como ha sido a una Acción de Amparo Constitucional contra Decisión Judicial en la Modalidad de Omisión de Pronunciamiento, de primera mano cumple con los requisitos exigidos por el artículo 18 de la Ley especial, en virtud que el accionante consignó la copia simple del acta de juramentación de fecha treinta de Abril del dos mil veintiuno (30/04/2021), que riela al folio 6 del cuaderno de amparo. En este orden de ideas, consideran quienes aquí deciden, que en el caso sub examine, el accionante interpone la Acción de Amparo Constitucional, en su condición de Defensor Privado del ciudadano JESÚS FIDEL CASTRO RIVAS, titular de la cédula de identidad № V-26 950 742. en el asunto penal signado con el alfanumérico N° HP21-P-2016-00361G manifestando quien acciona que en fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciséis (27/02/2016), le fue decretada en audiencia de presentación de imputados, la medida de privación judicial de libertad, consignando posteriormente dos escrito de solicitud de decaimiento de mecida (sic), el primero en fecha quince de julio de dos mi veintiuno (15/07/2021) y el segundo ratificando en fecha veinte de agosto del presente año (20/08/2021). Indicando quien acciona que a la de fecha de la consignación de presente acción de amparo, no habían obtenido respuesta alguna sobre sus solicitudes.

1.- Se declara competente para conocer de la presente apelación. 2.- Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rafael Eduardo González Rodríguez. 3.- Se revoca el fallo dictado el 16 de septiembre de 2021. 4.- Se ordena a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes que se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional.