Sentencia N° 92 Constitucional TSJ 2000: Pedro Ricardo Aumaitre vs Luis Ignacio Diego Lasso — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación de una decisión de amparo constitucional interpuesta por Pedro Ricardo Aumaitre contra una medida de prohibición de enajenar y gravar un inmueble. La Sala determinó su competencia para conocer el caso y analizó la legalidad de la medida cautelar dictada por el Juzgado Vigésimoquinto de Primera Instancia en lo Penal. La decisión apelada había declarado improcedente la acción de amparo, argumentando que la medida cautelar no violaba los derechos fundamentales del accionante.

La medida de prohibición de enajenar y gravar, objeto de la presente acción de amparo, fue decretada por el Juzgado Vigésimoquinto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según el cual el juez podrá dentro del sumario, dictar medidas de aseguramiento sobre personas y objetos de la perpetración de un hecho punible. Así, establece el mencionado artículo lo siguiente: “Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar la perpetración de los hechos punibles, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los presuntos agentes, con el aseguramiento de sus personas y de los objetos activos y pasivos de la perpetración”. De la transcrita norma legal se desprende, que uno de los objetos de la fase sumaria del proceso penal, es el aseguramiento de la persona o personas que hayan perpetrado el hecho delictuoso, así como de los instrumentos activos o pasivos del mismo. De tal modo, que en el transcurso de esta fase secreta, puede el juez por facultad legal expresa, realizar todas aquellas actuaciones que considere necesarias, tendentes a establecer o comprobar que realmente se ha cometido un hecho punible.

CONFIRMA la decisión dictada por el Tribunal Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 03 de mayo de 1999, objeto de la presente apelación; Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente.