Sentencia N° 916 Constitucional TSJ 2000: Enrique Rosas vs Gobernación del Estado Carabobo — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Enrique Rosas en representación de varios ciudadanos contra decisiones del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Las decisiones impugnadas se referían a la nulidad de actuaciones procesales y la reanudación de un juicio de prestaciones sociales contra la Gobernación del Estado Carabobo. La Sala consideró que se cumplían los requisitos para la admisibilidad de la acción de amparo, ya que se denunciaban violaciones a derechos fundamentales.

La Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través de su sentencia de fecha 20 de enero del año 2000, Caso Emery Mata Millán, se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional contra sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de la República, en los siguientes términos: “...Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales”. En el presente caso, se ejerce la acción de amparo constitucional contra una decisión emanada de un Tribunal Superior -Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo- motivo por el cual, esta Sala, congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para conocer de la presente acción, y así se decide.

Se ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Enrique Rosas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 1.108, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos RAFAEL GUTIERREZ, SALOMON SUAREZ, RIGOBERTO PADRON, JOSE ELIAS GIL, fallecido, y en su nombre demanda su esposa, DELIA GUTIERREZ DE GIL, BEATRIZ HIDALGO, EDUARDO FLORES, JORGE VELOZ, RAFAEL SICILIANI VELA, VICTOR SANCHEZ, RAFAEL RODRIGUEZ, VICTOR VALIENTE, JULIO ERNESTO AULAR, RAIZA CASTILLO LUDERT, SATURNO MANRIQUE, LUIS ESCALONA, LUIS SALGADO, ALFREDO HERNANDEZOLIVO, en representación de su padre BALBINO HERNANDEZ fallecido, RAFAEL MARTINEZ, GUILLERMO OSTEICOCHEA, GREGORIO ORTEGA AGUILAR, FRANCISCO MARIA ABREU, JOSE HERIBERTO MALDONADO, EUGENIO URBINA, ANGEL HERNANDEZ, JOSE MILANO ACOSTA, ARGENIS URBINA, PABLO ARAUJO, JOSE URBINA, KLER INMACULADA LOPEZ, FRANCISCO MARIN ANTONIO NOEL LOPEZ, ORLANDO HERNANDEZ, FRANSCISCO FUENTES, JOSE ESCALONA, FLOENCIO ADRIAN, EUSTACIA AÑEZ, JOSE RODRIGUEZ PADRON, EURO DAVID PEREZ y JOSE FLORES, contra las decisiones dictadas por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo de fechas 13 de abril y 12 de mayo del año 2000.