TSJ/SC, Sent. N° 911, Exp. 00-1065, 04/08/2000 · 4 de agosto de 2000
Expediente00-1065
Parte actora / solicitanteJOSE MANUEL IGLESIAS MOREDA
PonenteJESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo
Fecha de la decisión2000-08-04
DecisiónSin Lugar
Extracto de la motiva
Varias disposiciones de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establecen la necesidad de que el trámite de la acción de amparo sea breve y en principio ausente de incidencias. La nueva Constitución exige en su artículo 27 que el procedimiento de amparo sea oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, que es precisamente el fundamento de la decisión de esta Sala, cuando describió las formas del proceso de amparo, en su sentencia de fecha 1º de febrero de 2000 (Caso José Amando Mejía). Téngase presente que la única cuestión incidental permitida, es la relativa a los conflictos de competencia, prevista en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pero con la advertencia de que dentro de su discusión no se admiten incidencias. De manera, que la única apelación que se admite en los procedimientos de amparo, es la propuesta contra la sentencia definitiva o con fuerza de tal, de conformidad con el artículo 35 eiusdem. Más aún, la mencionada norma establece la consulta obligatoria de las sentencias de amparo. Por tanto, en atención a la brevedad y celeridad del procedimiento, cualquier incidente dentro del trámite del proceso o cualquier violación al principio de igualdad en el procedimiento de amparo, previsto en el artículo 21 de la misma Ley, serán revisados en la apelación o en la consulta de la decisión definitiva dictada. Por lo demás, la Sala quiere precisar que dentro del proceso de amparo, no existe la posibilidad de proponer la constitución del Tribunal con asociados, por las siguientes razones: en primer lugar, la brevedad del procedimiento, impide la existencia de incidencias o trámites procesales, que puedan afectar la brevedad del proceso o comprometer la efectividad de la tutela constitucional; en segundo lugar, la existencia de la consulta obligatoria, garantiza que habrá siempre una revisión de la sentencia dictada, impidiendo que se consoliden errores que puedan haberse cometido en el fallo o en el trámite del procedimiento; y, en tercer lugar, dentro de un procedimiento oral, breve y de orden público como lo declara el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los jueces tiene que haber presenciado todos los actos procesales. Luego, no puede admitirse la constitución de asociados para dictar sentencia, cuando éstos no han participado en los actos del proceso. Tómese en cuenta, que en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no existen previsiones para constituir el tribunal con asociados, por existir una audiencia oral en la que es indispensable la presencia del juez. En consecuencia, ¿cómo podía permitirse el nombramiento de asociados para dictar la sentencia, cuando éstos no habían participado en la audiencia oral?. Inclusive, en la descripción del proceso de amparo, en la sentencia de esta Sala a la que se ha hecho referencia, la brevedad y la participación del juez en los actos del proceso, tiene una marcada importancia, pues, la importancia de la tutela constitucional, requiere de un Juez que no se encuentre distanciado del problema constitucional sometido a su consideración. Por consiguiente, esta Sala declara que no tiene materia sobre la cual pronunciarse en el presente expediente.