Sentencia N° 91 Constitucional TSJ 2000: Sociedad Civil Caja de Ahorros de… — Apelación de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar la apelación interpuesta por el abogado Héctor Napoleón Guevara en representación de la Sociedad Civil Caja de Ahorros de Funcionarios, Empleados y Obreros del Consejo de la Judicatura y Poder Judicial. La apelación se refiere a una decisión de la Sala Dos de la Corte de Apelaciones que declaró desistida la acción de amparo constitucional. La Sala fundamenta su decisión en que el desistimiento de la acción de amparo no afecta la protección de derechos de orden público y que ambos procedimientos de amparo fueron iniciados por abogados distintos pero en representación de la misma entidad.

Después de haber analizado las actas que componen el presente expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones: De autos se desprende que el abogado William Gamboa, en fecha 30 de agosto de 1999, desistió de la acción de amparo constitucional que él mismo interpuso el 16 de agosto de 1999, en representación de la Sociedad Civil Caja de Ahorros de Funcionarios, Empleados y Obreros del Consejo de la Judicatura y Poder Judicial, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Esta acción de amparo fue acumulada en fecha 03 de septiembre de 1999 a otra acción que había sido interpuesta en idéntica fecha -16 de agosto de 1999- por el abogado Héctor Napoleón Guevara, en representación de la misma sociedad y con fundamento en los mismos hechos, y que fue conocida por la Sala Dos de la misma Corte, Juzgado éste que declaró desistida la acción mediante la sentencia cuya apelación corresponde a esta Sala decidir. Así las cosas, esta Sala considera que la Corte a quo actuó correctamente al declarar desistida la acción, por las siguientes razones: En primer lugar, por cuanto la declaratoria de desistimiento no afectó la protección de un derecho de orden público ni las buenas costumbres, con lo cual quedaron satisfechos los extremos del artículo 25 de la Ley Orgánica que rige la materia. En segundo lugar, por cuanto los dos procedimientos de amparo mencionados ut supra, aun cuando fueron iniciados por dos abogados distintos, ambos actuaron en representación de una misma persona, es decir, la Caja de Ahorros de Funcionarios, Empleados y Obreros del Consejo de la Judicatura y Poder Judicial. Finalmente, por cuanto ambos procedimientos versan sobre los mismos hechos y fueron incoados con base en idéntica pretensión. En razón de lo anterior, entiende la Sala que el desistimiento de la causa que fue tramitada por ante la Sala Uno de la mencionada Corte de Apelaciones, iniciada por el abogado William Gamboa en representación de la Sociedad Civil accionante, produjo igualmente la extinción de la causa iniciada por el abogado Héctor Napoleón Guevara por ante la Sala Dos de la misma Corte de Apelaciones. Es así como los alegatos del apelante son desestimados por esta Sala, motivo por el cual se confirma el desistimiento de la acción de amparo sentado por la decisión consultada, y así se declara.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado Héctor Napoleón Guevara en representación de la Sociedad Civil Caja de Ahorros de Funcionarios, Empleados y Obreros del Consejo de la Judicatura y Poder Judicial, contra la decisión dictada por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 17 de septiembre de 1999, que declaró el desistimiento de la acción de amparo que intentó referido abogado en representación de la mencionada Sociedad Civil, contra la decisión de fecha 12 de julio de 1999, dictada por el extinto Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. En consecuencia se CONFIRMA el fallo apelado.