Sentencia N° 906 Constitucional TSJ 2001: Distribuidora Baibery SUN 2002, C.A. vs Gerencia de la Aduana Principal de la Guaira

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia del 1 de junio de 2001, confirmó la decisión del Juzgado Superior Tercero en lo Contencioso Tributario que declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional interpuesta por Distribuidora Baibery Sun 2002, C.A. contra la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira. La Sala argumentó que la Resolución No. 4069 del Ministerio de Hacienda, que fijó precios oficiales para la importación de mercancías, cumplió con los requisitos legales y no vulneró los derechos constitucionales alegados por la parte actora. La Sala destacó que la aplicación de dicha Resolución no implicaba violación a los derechos de libre tránsito de bienes, libertad económica y propiedad, ya que la Ley Orgánica de Aduanas establece la potestad aduanera de la autoridad competente para aplicar las normas aduaneras. Además, se determinó que la Resolución estableció un plazo de vigencia claro, por lo que no era aplicable el término de sesenta días mencionado por la parte actora. Finalmente, la Sala declaró que la medida cautelar innominada solicitada por la parte actora debía ser revocada, dado que existía identidad entre lo solicitado en el amparo y la medida cautelar, confirmando así la decisión apelada.

La Ley Orgánica de Aduanas determina los derechos y obligaciones de carácter aduanero, así como las relaciones jurídicas derivadas de éstos, las cuales “se regirán por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento... y en otros instrumentos jurídicos vigentes, relacionados con la materia” (artículo 1º). Asimismo, establece la citada Ley la finalidad de la Administración Aduanera, la cual no es otra que “intervenir, facilitar y controlar la entrada, permanencia y salida del territorio nacional, de mercancías objeto de tráfico internacional... con el propósito de determinar y aplicar el régimen jurídico al cual dichas mercancías estén sometidas”. (artículo 2º) (negrillas de la Sala). Tal regulación, en esta materia, se corresponde con las funciones del Jefe de la Administración Aduanera, conforme al texto legal que la regula (artículo 5º), dentro de las cuales destacan “dirigir y supervisar la actuación de las aduanas del país (ordinal 1º); “Planificar, ejecutar, coordinar, organizar y programar el control, la inspección, fiscalización y resguardo en materia aduanera” (ordinal 2º); y “Aplicar las normas de carácter aduanero en lo que se refiere a esta Ley, su Reglamento, el Arancel de Aduanas, el Valor de las Mercancías” (ordinal 3º) (negrillas propias). Por tanto, todas las funciones asignadas al Jefe de la Administración Aduanera son desarrolladas por éste, en ejercicio de la potestad aduanera que le confiere la Ley Orgánica que regula la materia. En este sentido, la Ley Orgánica de Aduanas define la potestad aduanera, como “la facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre los bienes a que se refiere el artículo 7º, autorizar o impedir su desaduanamiento, ejercer los privilegios fiscales, determinar los tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes y en general, ejercer los controles previstos en la legislación aduanera nacional. De tal modo que, es en cumplimiento de las disposiciones que regulan los derechos y obligaciones de carácter aduanero, así como la relación jurídica que de ellos deriva, que todas las mercancías objeto de operaciones aduaneras quedan sometidas a la “potestad aduanera” conferida al Jefe de la Administración de esta actividad; tal es el caso de la “mercancía que vaya a ser introducida o extraída del territorio nacional” (artículo 7º, ordinal 1), siendo taxativa la numeración de las materias excluidas de la potestad aduanera, cuales son “los vehículos y transporte de guerra y los que expresamente determine el Ministerio de Hacienda” (Parágrafo Unico, artículo 7º). Igualmente, es en razón del ejercicio de dicha potestad aduanera que la Ley Orgánica de Aduanas establece que las “mercancías que ingresen a la zona primaria, no podrán ser retiradas de ella sino, mediante el pago de los impuestos, tasas, penas pecuniarias y demás cantidades legalmente exigibles y el cumplimiento de otros requisitos a que pudieran estar sometidas” (artículo 9º), siendo que “la aplicación del régimen jurídico correspondiente a los cargamentos y a su desaduanamiento serán competencia exclusiva de la autoridad aduanera” (artículo 19) (negrillas de la Sala). En el caso que nos ocupa, alegaron los apoderados judiciales del accionante que la Resolución No. 4069, dictada por el Ministerio de Hacienda de fecha 2 de septiembre de 1998, no otorgó plazo alguno para su aplicación, por lo que la misma resulta inconstitucional, en razón de lo cual solicitaron que, mediante el amparo ejercido, se prohíba al presunto agraviante -Gerente de la Aduana Principal de la Guaira- la aplicación de la referida Resolución “hasta tanto no se cumpla el plazo de sesenta días -conforme al artículo 226 de la derogada Constitución- contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de dicha Resolución en Gaceta Oficial”. Igualmente solicitaron que se le ordene “cesar toda amenaza de interferir en el normal proceso de nacionalización y desaduanamiento legal de mercancías importadas”. De tal modo, que el objeto de la solicitud de amparo constitucional interpuesta lo constituye la presunta violación del artículo 226 de la derogada Constitución, por cuanto adujo el accionante que el Gerente de la Aduna Principal de la Guaira “ha comunicado e informado su disposición de aplicar de inmediato dicha Resolución -de Precios Oficiales para el Vestido y Otros- y los precios oficiales que en ella se indican, a los fines del establecimiento de la base imponible y el cálculo de los impuestos aduaneros”. En este sentido, la Sala observa que la Ley Orgánica de Aduanas asigna la administración y el control de las operaciones aduaneras al Jefe de la Administración Aduanera. De tal modo que, en el caso de autos, corresponde al Gerente de la Aduana Principal de la Guaira aplicar las normas de carácter aduanero; dirigir y supervisar la actuación de la respectiva aduana, así como la ejecución, coordinación, control, inspección y fiscalización de todas las operaciones en esta materia (artículo 5º). Por ello, estima la Sala que la aplicación, por parte del Gerente de la Aduana Principal de la Guaira, de la Resolución No. 4069 del 2 de septiembre de 1998, mediante la cual el Ministerio de Hacienda estableció los precios oficiales para la importación de las mercancías allí señaladas, no puede entenderse en modo alguno como un menoscabo de los derechos constitucionales denunciados por el accionante, toda vez que la posibilidad de aplicar dicha Resolución por parte del mencionado funcionario le deviene de la potestad aduanera que le confiere la Ley Orgánica de Aduanas, la cual no puede ser ejercida de manera facultativa u opcional, sino en el cumplimiento obligatorio de sus deberes como la autoridad encargada de velar, facilitar y armonizar los controles de los procedimientos pautados para las operaciones aduaneras, y así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1º CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Contencioso Tributario del 7 de octubre de 1998, objeto de la presente apelación. 2º SIN LUGAR la solicitud de amparo constitucional interpuesta por DISTRIBUIDORA BAIBERY SUN 2002, C.A., contra “la autoridad agraviante constituida por la GERENCIA DE LA ADUANA PRINCIPAL DE LA GUAIRA, en la persona del Gerente de la Aduana Principal de La Guaira Encargado del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria -SENIAT-, ciudadano EDGAR VASQUEZ TRENARD”. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente.