Sentencia N° 905 Constitucional TSJ 2000: Is-Be-Pa de Mantenimiento C.A. — La pretensión de amparo constitucional

La Sala Constitucional se pronuncia sobre la pretensión de amparo constitucional presentada por la sociedad mercantil IS-BE-PA DE MANTENIMIENTO C.A. contra una decisión del Juzgado Superior Segundo del Trabajo. Se ordena la notificación al juzgado y al Ministerio Público para que concurran a la audiencia oral constitucional. Se destaca que la parte accionante ha cumplido con los requisitos procesales, por lo que no es necesaria su notificación adicional.

Quien suscribe, Magistrado HÉCTOR PEÑA TORRELLES, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede, que asumió la competencia de una acción de amparo constitucional, en contra de una decisión judicial. Las razones por las cuales me aparto de la decisión de la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las sentencias dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna norma que atribuya a esta Sala competencia para conocer de las acciones de amparo contra decisiones judiciales, interpuestas de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En efecto, atendiendo al contenido del citado artículo 4, se observa que la referida norma es precisa al indicar que dicha acción se debe interponer “... por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento”. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendió tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas, atendiendo al ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.). La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye -a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo anterior, estima el disidente, que esta Sala Constitucional no debió asumir la competencia de la acción de amparo constitucional interpuesta, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.

ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional, a los fines de la continuación del trámite de la pretensión de amparo lo siguiente: 1) NOTIFICAR al titular o quien haga sus veces del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y al Ministerio Público, que esta Sala conoce de la pretensión de amparo propuesta, para que concurra ante ella para conocer el día en que se celebrará la audiencia oral constitucional. El oficio con el cual se realice la notificación, deberá acompañarse de copia del presente auto, así como del escrito de amparo. Dicho juzgado debe notificar a las demás partes del juicio donde fue dictada la sentencia, y hacer saber a esta Sala del cumplimiento de tal orden. El incumplimiento de tal mandato por parte del Juzgado presuntamente agraviante, podrá ser considerado como desacato. Finalmente, en virtud que la parte accionante ha diligenciado y consignado varios escritos ante esta Sala, la misma se considera que está a derecho, y por tanto no es necesaria su notificación. Publíquese, Regístrese y Notifíquese. Cúmplase lo ordenado.