Sentencia N° 902 Constitucional TSJ 2001: Luis Carlos Palacios Juliac vs Contraloría General de la República

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, confirma la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Carlos Palacios Juliac. La apelación presentada por la Contraloría General de la República fue declarada sin lugar, ya que se determinó que la formulación de cargos en contra del accionante violó el principio de irretroactividad de la ley, al aplicarse normas que no estaban vigentes en el momento de los hechos cuestionados. La Sala también concluyó que no hubo violación al derecho a la defensa del accionante.

Con la finalidad de determinar la procedencia de la presente apelación, debe esta Sala analizar las normas que se discuten en el caso concreto, y en tal sentido observa: En el caso bajo examen, la parte accionante al fundamentar la acción de amparo constitucional, indicó que la Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Administración Central y Descentralizada de la Contraloría General de la República, emitió un acta de formulación de cargos en su contra el 17 de abril de 1996, con la cual violó las normas contenidas en los artículos 44, 69 y 68 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961 – correspondientes a los artículos 24, 137 y 49 de la actual Carta Magna – que consagran el principio de irretroactividad de las leyes, de legalidad de las faltas, y el derecho a la defensa, respectivamente, por cuanto se le formularon cargos bajo numeral 15 del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que entró en vigencia el 1º de febrero de 1996, es decir, luego de que ocurrieron los hechos cuestionados. Este alegato fue refutado por la Dirección antes referida al exponer que dicho supuesto normativo se encontraba también en el artículo 81 del texto legal derogado, el cual sí se encontraba vigente para el momento en que se produjeron los referidos hechos. Ahora bien, dado los elementos de hecho anotados, debe la Sala proceder a determinar si la ya mencionada actuación de la Dirección antes referida, constituye una infracción de los derechos que se alegaron violados, y en tal sentido observa que el artículo 81 del texto derogado dispone: “Artículo 81.- La Contraloría podrá realizar investigaciones en todo caso en que surgieren indicios de que funcionarios públicos o particulares que tengan a su cargo o intervengan en cualquier forma en la administración, manejo o custodia de bienes o fondos de las entidades sujetas a su control, hayan incurrido en actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o reglamentaria, incluida la normativa interna de carácter general, aún establecida en manuales de organización, sistemas y procedimientos. Esta averiguación procederá aún cuando dichas personas hubieren cesado en sus funciones”. Expone este artículo, la facultad de la cual gozaba la Contraloría General de la República para iniciar investigaciones en contra de funcionarios públicos que se encontraran inmersos en irregularidades administrativas respecto al manejo de los fondos puestos bajo su custodia, en desapego a sus funciones y a la normativa a seguir, aún y cuando estos funcionarios hubieren cesado en su gestión.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación presentada por la ciudadana Luisa A. Jiménez R., abogado representante de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 19 de octubre de 1996, la cual declaró parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Luis Carlos Palacios Juliac, en contra del referido organismo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.