Sentencia N° 900 Constitucional TSJ 2001: Edgar Antonio Sosa Vela vs Distribuidora Gomez, S.R.L. — Demanda de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una demanda de amparo constitucional presentada por Edgar Antonio Sosa Vela contra una sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral. La demanda se fundamentó en la violación de derechos al debido proceso y a la defensa, alegando irregularidades en la notificación y en la actuación del tribunal inferior. La Sala ordenó la corrección del escrito de demanda por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Correspondería a la Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la demanda de amparo que ha sido propuesta, así como de la admisibilidad de la misma, no obstante, se encuentra que el escrito libelar no llena los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual procede ordenar su corrección a tenor de lo dispuesto en el artículo 19 ejusdem. En efecto, los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, disponen lo siguiente: “Artículo 18.- En la solicitud de amparo se deberá expresar: 1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido; 2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante; 3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización; 4) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación; 5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo; 6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional. En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos. Artículo 19.- Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se notificará al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada inadmisible.” En el presente caso, no está claramente identificado el hecho lesivo, pues si bien en un primer momento, se señaló que la demanda de amparo se intentó contra la sentencia dictada el 7 de noviembre de 2000 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Estabilidad Laboral y Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, luego se narraron unos hechos que sucedieron en el tribunal de primera instancia, en los que se incluyó la sentencia apelada, que habrían lesionado derechos constitucionales. Igualmente, se hicieron imputaciones a la Secretaria del Tribunal de la causa que desviarían la competencia de la Sala. Tampoco está claramente identificada la relación de causalidad entre el hecho, acto u omisión que motivó la demanda de amparo y las denuncias de violación de derechos constitucionales, razón por la cual se ordena, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, corregir el escrito contentivo de la demanda de amparo en los términos señalados. Así se decide.

ORDENA a la parte demandante corregir el escrito que contiene la demanda de amparo en los términos señalados, dentro de las cuarenta y ocho horas, más el término de la distancia a Mérida, que son siete (7) días contados a partir de la notificación de esta decisión, haciéndole saber que, de no corregir la demanda en el término indicado, la misma será declarada inadmisible, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.