Sentencia N° 882 Constitucional TSJ 2001: Defensoría del Pueblo vs Isabel Vargas, Rómulo Añez — Revocación de decisiones de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revoca las decisiones de inadmisibilidad dictadas por la Corte de Apelaciones en relación a la acción de amparo constitucional interpuesta por la Defensoría del Pueblo a favor de Gloria Stifano. Se declara competente para conocer de la solicitud y se ordena la libertad inmediata de la ciudadana, así como la remisión del caso a un Juzgado de Control distinto al que dictó la medida cautelar sustitutiva. La Sala considera que la decisión de inadmisibilidad no se ajusta a derecho, ya que no se indicaron los defectos de la solicitud de amparo.

A través de la acción de amparo bajo examen, abogados adscritos a la Defensoría del Pueblo propusieron acción de amparo constitucional conjunta con habeas corpus contra la ciudadana Isabel Vargas, en su condición de encargada del Juzgado Séptimo en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, y el ciudadano Rómulo Añez, en su carácter de Fiscal Sexagésimo Sexto del Area Metropolitana de Caracas. La situación presuntamente lesiva consistiría en que la ciudadana Gloria Stifano ha sido privada ilegítimamente de su libertad personal, en contravención a su derecho constitucional consagrado en el artículo 44 de la Carta Magna, por haber sido recluida en una institución psiquiátrica como consecuencia de medida cautelar sustitutiva dictada en su contra por el referido Juzgado Séptimo de Control, en fecha 12 de marzo de 2001, sin que hubieren sido practicados los exámenes mentales y corporales necesarios que ordena la Ley para que tal determinación pueda ser dictada conforme a Derecho, y por un período que actualmente supera el ordenado por la legislación adjetiva penal. La referida acción de amparo constitucional fue declarada inadmisible por la Sala Nº 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, mediante decisión dictada el 5 de abril de 2001, en virtud de la carencia de 'los recaudos solicitados de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales'. Esta decisión fue resultado de que la representación de la Defensoría del Pueblo incumplió lo dispuesto por el fallo de fecha 2 de abril de 2001, dictada por ese mismo Juzgado, que ordenó la corrección de la solicitud interpuesta.

1) REVOCA las decisiones de fechas 2 y 5 de abril de 2001, dictadas por la Sala Nº 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas. 2) Declara COMPETENTE para conocer de la presente solicitud de amparo constitucional conjunta con habeas corpus, a un Juzgado de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas. 3) Ordena REMITIR el presente expediente al Juzgado de Control de ese Circuito Judicial Penal que se encuentre en ejercicio de la función de distribución, a fin de que determine el juzgado que se encargará de conocer ab initio la presente solicitud. 4) SUSPENDE la decisión accionada, dictada por el Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas en fecha 12 de marzo de 2001 y, en consecuencia, se ORDENA LA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL de la ciudadana Gloria Stifano. 5) ORDENA que hasta que se decida la presente acción de amparo constitucional, la causa principal que se sigue a la ciudadana Gloria Stifano ante el referido Juzgado de Control, pase a conocimiento de un Juez distinto de la ciudadana Isabel Vargas, e igualmente se resuelve que intervenga en el mismo caso, un Fiscal distinto del accionado, ciudadano Rómulo Añez. Ambas personas quedarán separadas definitivamente del conocimiento de la causa, de comprobarse en primera instancia la comisión de los hechos imputados. 6) REMITASE copia certificada del presente fallo a la Inspectoría General de Tribunales y a la Fiscalía General de la República, a fin de que oportunamente determinen las responsabilidades en que pudiesen haber incurrido los ciudadanos accionados.