Sentencia N° 880 Constitucional TSJ 2001: Gumer Quintana Gómez y Simón Alonso Durand vs Juzgado Décimo Octavo de Control

TSJ/SC, Sent. N° 880, Exp. 01-0756, 29/05/2001 · 29 de mayo de 2001
Expediente01-0756
Parte actora / solicitanteGumer Quintana Gómez y Simón Alonso Durand
Parte demandada / contraparteJuzgado Décimo Octavo de Control
PonenteJOSÉ M. DELGADO OCANDO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-05-29
DecisiónCon Lugar

Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó un amparo constitucional interpuesto por los abogados Gumer Quintana Gómez y Simón Alonso Durand en representación de William Alfonso Ascanio, quien se encontraba detenido. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible la solicitud de amparo, argumentando que el agraviado había hecho uso de un medio judicial preexistente. Sin embargo, la Sala Constitucional determinó que la decisión de inadmisibilidad era errada y que la solicitud de amparo debía ser admitida, dado que la privación de libertad se basaba en actuaciones procesales nulas.

Extracto de la motiva

La presente acción de amparo fue interpuesta por la defensa del ciudadano William Alfonzo Rodríguez, en contra de la decisión emanada de un Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en función de Control, por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales, entre los cuales figura, la libertad y seguridad personales y el debido proceso. Revisadas las actas que componen el presente expediente, esta Sala Constitucional observa que la Sala nº 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a quien le correspondió el conocimiento y decisión de la solicitud de amparo constitucional en primera instancia, en fecha 3 de abril del año 2001, la declaró inadmisible bajo el argumento de que el agraviado había hecho uso del medio judicial preexistente. Debe reiterarse que el objeto del procedimiento en el juicio de amparo está determinado por una pretensión de carácter constitucional relativa a derechos o garantías tutelados por la Carta Magna, cuya admisibilidad o inadmisibilidad deben pronunciarla los órganos jurisdiccionales ordinarios, el cual depende, entre otras cosas, de la conducta del particular frente al órgano a quien se le imputa la lesión. Para ello, el Juez Constitucional requiere, con carácter previo a su abocamiento, analizar, con base al escrito contentivo de la solicitud y a los documentos aportados el caso concreto, si la pretensión no está incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Ello es así, porque la jurisdicción constitucional, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tanto y en cuanto potestad tutora de los derechos y libertades fundamentales, tiene como misión especial la defensa de dichos derechos, en los términos prescritos por el artículo 27 eiusdem, en concordancia con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Dispositiva

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley: 1.- REVOCA la decisión dictada por la Sala nº 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que, en fecha 3 de abril de 2001, declaró inadmisible la solicitud de amparo constitucional interpuesta por los abogados Gumer Quintana Gómez y Simón Alonso Durand, actuando con el carácter de defensores del ciudadano WILLIAM ALFONSO ASCANIO, contra la decisión del Juzgado Décimo Octavo de Control del referido Circuito Judicial Penal, que, finalizada la audiencia oral para oír al imputado, acordó la privación judicial preventiva de libertad del prenombrado ciudadano en el juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por la presunta violación en los artículos 44.1, 49.8 y 51 de la Constitución vigente, referidos a los derechos la libertad y seguridad personales, la garantía del debido proceso, el de toda persona a ser juzgada sin dilaciones indebidas y el de obtener oportuna respuesta, así como las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) tales como: derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia. 2.- Se REPONE la causa al estado en que sea admitida referida solicitud y se cumpla con su trámite respectivo, a cuyo efecto, se ordena remitir las actuaciones al Presidente del Circuito Judicial Penal, para que, previa distribución, sea otra Sala de la mencionada Corte de Apelaciones quien proceda, en un lapso perentorio, conforme lo dispuesto en la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase. Cúmplase lo ordenado.

Palabras clave

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