Sentencia N° 879 Constitucional TSJ 2000: Tomás H. Paez G. vs Joao de Leca — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por el abogado defensor de JOAO DE LECA, quien solicitó un amparo constitucional debido a la omisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en dictar sentencia en un juicio penal. La Sala declaró sin lugar la apelación, confirmando la decisión de la Corte de Apelaciones que había declarado sin lugar la acción de amparo, argumentando que no se había demostrado la vulneración de derechos constitucionales y que la medida cautelar impuesta era válida.

En relación a la primera solicitud realizada por el accionante, relacionada con la obtención de una medida sustitutiva de las previstas en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, para su defendido, en virtud de haber transcurrido más de 2 años sin que el tribunal de la causa haya dictado sentencia, esta Sala observa: El artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, ubicado dentro del Título VIII de las Medidas de Coerción Personal, establece que: “Artículo 253. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.” “En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de 2 años”. Del expediente se desprende que el ciudadano JOAO DE LECA está siendo procesado por tres delitos, de los cuales dos de ellos son de suma gravedad, por lo tanto, en este caso la medida de coerción no aparece desproporcionada. Ahora bien, en relación a lo estipulado en el aparte del artículo anteriormente transcrito, se debe destacar que, además, la medida no sobrepasa la pena mínima prevista para cada delito, ya que solamente el delito de homicidio calificado en este caso tiene previsto una pena mínima de veinte años de presidio, por lo que tampoco sobrepasa la pena mínima prevista para cada delito, no cumpliendo así con este requisito. Por último, el artículo comentado establece como requisito que la medida no exceda de 2 años. En el presente caso, el indiciado no ha sufrido la medida de coerción personal por más de 2 años, ya que él se encontraba disfrutando de un beneficio, como lo era el local ad hoc, no habiendo estado privado de su libertad por el plazo mencionado. En consecuencia, no puede solicitar el accionante, que se sustituya la medida de privación de libertad por otra medida cautelar en virtud de haber transcurrido más de dos años sin que se haya dictado sentencia en el proceso que se le sigue a su defendido.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado defensor del ciudadano JOAO DE LECA, contra la decisión dictada por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, de fecha 25 de febrero de 2000, y en consecuencia, se CONFIRMA dicha decisión. Publíquese y regístrese. Remítase copia de la presente decisión a la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.