Sentencia N° 873 Constitucional TSJ 2000: Miguel Angel Graterol vs Universidad Nacional Experimental “Rafael…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 2 de marzo de 2000, decidió sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Angel Graterol, en representación de la Universidad Nacional Experimental 'Rafael María Baralt', contra una decisión del Tribunal de la Carrera Administrativa. La Sala declaró con lugar la acción, argumentando que la universidad no fue debidamente notificada en el proceso administrativo que llevó a la destitución de un empleado, lo que vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso.

En el presente caso, el a quo consideró que no le fue violentado el derecho a la defensa y al debido proceso a la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, en el proceso que por nulidad de acto administrativo siguió el ciudadano César Velázquez Sánchez por ante el Tribunal de la Carrera Administrativa, toda vez, que aunque no existe constancia que haya sido debidamente notificada, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Carrera Administrativa, dicha Universidad se encontró representada por el Procurador General de la República, funcionario éste que por mandato legal ostenta tal cualidad de mandatario legal y el cual fue debidamente notificado según consta de la nota del Alguacil del Tribunal de la Carrera Administrativa, de fecha 21 de enero de 1997 y que corre al vuelto del folio 40 del presente expediente. Ahora bien, para evidenciar si efectivamente el Procurador General de la República es el único ente que ostenta la representación legal, -según el artículo 75 de la Ley de Carrera Administrativa- de la hoy accionante en amparo, esta Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones: Según el numeral 2 del artículo 19 del Código Civil, las Universidades son personas jurídicas capaces de contraer obligaciones y derechos, que conjuntamente con la Nación y las Entidades políticas que la componen, forman parte de las personas jurídicas de derecho público. Considera esta Sala, que las personas jurídicas de derecho público son creadas por la Constitución (personas político territoriales), por la Ley (algunos establecimientos públicos corporativos, los establecimientos públicos institucionales –institutos autónomos- y los establecimientos públicos asociativos) o en virtud de una Ley por acto de particulares (como algunos establecimientos públicos corporativos –colegios profesionales-) o por un acto del Ejecutivo Nacional (como las Universidades Nacionales). En el caso subiudice el ente accionante –Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”- forma parte de ese grupo de instituciones de derecho público, toda vez, que fue creado según Decreto Presidencial Nº 1.435 de fecha 15 de marzo de 1982, Gaceta Oficial Nº 32.433, pero con la característica excepcional de poseer personalidad jurídica y patrimonio propio, según se desprende de la redacción del artículo 1º del mencionado Decreto Presidencial, que textualmente reza: “Se crea la Universidad Nacional Experimental 'Rafael María Baralt', ubicada en la Costa Oriental del Lago, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio” (Subrayado de la Sala). Partiendo de lo anterior, considera esta Sala que la mencionada Universidad al tener personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene el derecho a defenderse por sus propios medios en cualquier proceso judicial o administrativo que sea interpuesto en su contra.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1.- CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Miguel Angel Graterol, actuando con el carácter de representante judicial de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, en contra de la decisión de fecha 12 de marzo de 1998, dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa, la cual declaró parcialmente con lugar la querella interpuesta por el ciudadano César Velázquez Sánchez, y anuló el acto de destitución del mencionado ciudadano. 2.- Se ANULAN todas las actuaciones realizadas en dicho proceso con posterioridad al auto de admisión de fecha 20 de enero de 1997, incluyendo la sentencia definitiva dictada en fecha 12 de marzo de 1998, por el Tribunal de la Carrera Administrativa. 3.- Se ORDENA al Tribunal de la Carrera Administrativa, tramitar el mencionado procedimiento desde su fase inicial mediante la notificación del Rector de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, del Procurador General de la República y del recurrente César Velázquez Sánchez, a tenor del artículo 75 de la Ley de Carrera Administrativa. 4.- Queda REVOCADA en los términos expuestos la sentencia consultada.