Sentencia N° 857 Constitucional TSJ 2000: AEROVIAS VENEZOLANAS, S.A. (AVENSA)… — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente de amparo constitucional interpuesto por varias empresas contra la aplicación de una resolución del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La Sala determinó su competencia para conocer el caso y se pronunció sobre la apelación, considerando que existía una amenaza de violación de derechos constitucionales. Se otorgó el amparo a tres de las empresas demandantes, ordenando oficios al Ministro de Infraestructura y al Director del Instituto Autónomo Aeropuerto para que informen sobre la vigencia de la resolución y el estado de insolvencia de las empresas.

La acción de amparo constitucional conocida en primera instancia por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y que fue declarada –como se señaló supra- improcedente respecto a la empresa AEROTUY, y con lugar respecto a las empresas AVENSA, SERVIVENSA y ASERCA en el fallo objeto de la presente apelación, fue interpuesta por las accionantes con fundamento en la existencia de una amenaza de violación de sus derechos constitucionales, por la posible aplicación del artículo 6 de la Resolución Nº 175 emanada del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en fecha 14 de junio de 1995 y publicada en Gaceta Oficial Nº 35.743 del 29 de junio de 1995. Respecto a la procedencia de la acción de amparo constitucional ejercida en el supuesto de una amenaza de violación de derechos o garantías constitucionales, esta Sala en la sentencia dictada en fecha 2 de marzo de 2000, recaída en el caso JOSÉ GREGORIO DIAZ FIGUEIRA y REINA MARÍA GUAREMA DE DIAZ, sostuvo que: “...la figura del amparo constitucional ha sido prevista en nuestra legislación para proteger a los actores frente a lesiones de sus derechos constitucionales ocurridas para el momento de la interposición de la acción de amparo, en cuyo caso, la sentencia que se dicte al respecto, tendrá un efecto restablecedor. Por otra parte, el legislador dispuso, a fin de evitar que se produzcan lesiones que no existan al momento de la interposición de la acción de amparo, que ésta también procede frente a amenazas de violación de derechos y garantías constitucionales. En estos casos, se exige que el acto o conducta denunciadas como lesivas sean inminentes, y la naturaleza de la sentencia que se dicte al respecto tendrá un carácter preventivo...”.

1.- Oficiar al Ministro de Infraestructura, para que en el término de cinco días de despacho, a partir de que conste en autos la notificación del presente fallo, informe a este Alto Tribunal sobre la vigencia de la Resolución Nº 175 dictada en fecha 14 de junio de 1995 por el extinto Ministerio de Transporte y Comunicaciones y publicada en Gaceta Oficial Nº 35.743 del 29 de junio de 1995. 2.- Oficiar al Director del Instituto Autónomo Aeropuerto para que en el término de cinco (5) de despacho, a partir de que conste en autos la notificación del presente fallo, informe si las empresas actoras se encuentran actualmente en estado de insolvencia. Así se decide.