Sentencia N° 846 Constitucional TSJ 2001: Maria Felicia de los Angeles Figueredo de… vs Juzgado Superior en lo Civil y…
TSJ/SC, Sent. N° 846, Exp. 00-2193, 29/05/2001 · 29 de mayo de 2001
Expediente00-2193
Parte actora / solicitanteMaria Felicia de los Angeles Figueredo de Fuentes
Parte demandada / contraparteJuzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del la Región Nororiental
PonentePedro Bracho Grand
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-05-29
DecisiónInadmisible
Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Angelina Martino Montilla y Carlos Miguel García, en representación de Maria Felicia de los Angeles Figueredo de Fuentes, contra una decisión del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo. La Sala argumenta que la parte accionante optó por continuar con el procedimiento ordinario para la defensa de sus derechos, lo que lleva a la inadmisibilidad de la acción de amparo. Además, se ordena que cualquier decisión vinculada al caso respete el normal desarrollo del año escolar y cuente con la participación del Ministerio Público.
Extracto de la motiva
Evidencia esta Sala que el presente juicio se inició por querella interdictal conocida por la doctrina como interdicto de posesión hereditaria, consagrada en el artículo 783 del Código de Procedimiento Civil, incoada por la ciudadana Josefina Rodríguez Velásquez contra el Colegio Humboldt de Oriente C.A. En este procedimiento se dictó una medida provisional de secuestro de los bienes litigados a solicitud de la parte querellante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, que establece: 'Practicada la restitución o el secuestro, o las medidas que aseguren el amparo, según el caso, el juez ordenará la citación del querellado, y practicada ésta, la causa quedará abierta a pruebas por diez días. Concluido dicho lapso las partes presentarán dentro de los tres días siguientes, los alegatos que consideren convenientes, y el juez, dentro de los ocho días siguientes dictará la sentencia definitiva. Esta sentencia será apelable en un solo efecto, pero el tribunal remitirá al Superior el expediente completo de las actuaciones. El juez será responsable de los daños y perjuicios que cause por su demora en dictar la sentencia prevista en este artículo' (subrayado de la Sala). Ahora bien, en la presente causa el procedimiento interdictal se suspendió en razón de la apelación ejercida por la demandante el 10 de marzo de 1997 contra el acto del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que ordenó que los bienes permanecieran bajo la guarda y custodia del Colegio Humboldt de Oriente. Posteriormente el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nororiental dictó sentencia el 13 de abril de 2000, mediante la cual declaró con lugar la apelación y revocó el auto dictado por el referido Juzgado Segundo de Primera Instancia.
Dispositiva
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley declara: 1.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Angelina Martino Montilla y Carlos Miguel García actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Maria Felicia de los Angeles Figueredo de Fuentes, contra la decisión de fecha 13 de abril de 2000 dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del la Región Nororiental y contra la actuación del Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar y Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. 2.- ORDENA que cualquier providencia o decisión vinculada al caso de autos deberá respetar el normal desarrollo del año escolar y contar con la participación activa del Fiscal del Ministerio Público para la Protección del Niño y el Adolescente.
Palabras clave
amparo constitucionalderecho a la defensadebido procesopropiedadinterdictodecisión judicialeducaciónniños y adolescentes